“El Ayuntamiento de Arona descarta declarar zona tensionada” al municipio, según afirmó el lunes el concejal de Urbanismo, Luis García, en Onda Tenerife, apostando por la creación de una empresa pública de vivienda. También confirmó que el centenar de viviendas ilegales construidas en Lomo Negro “no se pueden legalizar ni cambiando el ordenamiento”.
Preguntado por la decisión del Gobierno municipal de Granadillla de Abona de declarara final de mes zona tensionado a su municipio, Luis García descarta esta opción en Arona, al comentar que “hemos decidido no apoyar la tesis de la zona tensionado, porque como se ha demostrado en otros territorios a nivel nacional es una acción perversa en cuanto a que queda muy bien en el título y al objetivo que persigue en la teoría, pero luego en la práctica se convierte en todo lo contrario. Se saca del mercado mucha vivienda porque la palabra ‘tensionada’ conlleva que se fijen unos precios para el alquiler y eso lo que hace es sacar mucha vivienda del mercado por parte de los titulares, y con ello se fomenta el aumento del precio de la vivienda pública, por así decirlo”.
Para él, la política de vivienda pasa “por dos líneas que estamos llevando acabo en Arona, como es la ceder suelo municipal para que otras administraciones como el Cabildo o el Gobierno de Canarias incluso el Estado puedan hacer vivienda pública en el municipio y después también el crear una empresa pública de vivienda, en la que el compañero Sebastián Roque lleva trabajando desde hace bastantes meses para que el propio Ayuntamiento pueda realizar obras en esa línea, en nuestro suelo poder llevar acabo proyectos de vivienda pública. Esas son las dos líneas de trabajo en vivienda y esperemos que a corto o medio plazo den resultado y podamos ofertar viviendas en nuestro municipio”.
En este aspecto, el edil de Urbanismo recuerda que “el Ayuntamiento tiene suelo urbano, pero lamentablemente no siempre en lugares que estén preparados con servicios públicos. Ahora estamos intentando comprar suelo en diferentes núcleos y así ofertar que las personas puedan optar a las viviendas en diferentes lugares del municipio”.
Y hablando de viviendas, hay un centenar de ellas en el barrio ilegal de Lomo Negro construido cerca de El Fraile, que deben ser destruidas según las notificaciones llegadas a los vecinos tras sentencia judicial al construirse en suelo agrícola. Luis García no tiene dudas: “Ese suelo no se podrá urbanizar ni con un instrumento de ordenación hasta que pasen veinte años del último indicio de construcción. La ley es clara. Nos hemos sentado en varias ocasiones con los vecinos y posiblemente esta semana volveremos a hacerlo, planteándoles una solución no solo con la administración de Arona sino que otras administraciones puedan ayudarle en sus pretensiones, sabiendo que han cometido una ilegalidad y que tienen expedientes abiertos. No será un trámite corto en el tiempo y no será fácil la solución”.
Para él, la presencia de poblados ilegales en el municipio y la falta de vivienda ante el incremento desmedido de la población -más de cien mil habitantes ya en el municipio- se debe “a la mala gestión urbanística en los últimos treinta años, priorizando otros tipos de uso en el suelo, dejando la vivienda pública en la cola, y de aquella mala gestión urbanística los problemas que tenemos actualmente. Nosotros somos un gobierno que tenemos muy claro que la vivienda es una prioridad, elemento esencial para que la gente pueda vivir con dignidad y una calidad de vida acorde a las necesidades de cada familia, y en eso estamos trabajando, como prioridad máxima”.
Uno de los asuntos que dio lugar a la trama corrupta del caso Arona tuvo que ver con las licencia turísticas en suelo residencial y al revés. Por eso le preguntamos ¿Cómo es posible que las mayoría de edificios residencias en Los Cristianos se hayan convertido en pisos turísticos?
“Hay una ley que permite el uso turístico en suelos residencias y eso es lo que está ahora mismo en discusión. Ahora tenemos el dilema de cómo limitar el uso turístico en zonas que son eminentemente residenciales o que surgieron como residenciales, como ocurre en Los Cristianos. Tenemos que sentarnos y buscar soluciones dentro de la maraña normativa que hay, obligarnos a parar y ser sensatos aplicando la cordura, siempre con la legalidad por delante”.