medio ambiente

Cuatro aeropuertos canarios, entre los 50 más contaminantes por jets privados de Europa

La ONG pide prohibir los 'jets' privados, gravar el queroseno y un impuesto a las grandes fortunas
El Aeropuerto Tenerife Sur

Greenpeace ha denunciado que tres de los cinco aeropuertos europeos que reciben más vuelos de ‘jets’ privados son españoles: el de Palma de Mallorca, el de Ibiza y el de Málaga. Dentro de los nueve aeródromos de España que reciben más vuelos de este tipo, cuatro se encuentran en Canarias.

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la organización en el informe que publica este martes, ‘El turismo de lujo y su impacto. Un análisis de los vuelos en ‘jet’ privado a destinos vacacionales europeos’.

Con este texto, los ecologistas piden prohibir los ‘jets’ privados, gravar el queroseno y un impuesto a las grandes fortunas en Europa y destinar el dinero al transporte público, la vivienda y a la alimentación saludable.

La investigación se ha llevado a cabo por el ‘think tank’ T3 Transportation y se ha centrado en destinos muy promocionados por los operadores turísticos de lujo y las compañías de jets privados. En este marco, ha concluido con que la mayoría de los vuelos en jets privados se produjeron en el Mediterráneo durante el verano y se desplazaron a la región alpina en los meses más fríos.

A lo largo de 2023, el texto ha concluido con que se registraron más de 117.000 vuelos a 45 destinos de lujo en Europa, lo que generó unas 520.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2). De ese número, un total de 27.122 aterrizaron en España, es decir, el 23% de los analizados. De entre todos los países, sólo Francia registró más llegadas: un total de 27.767.

EL 74% DE LOS ‘JETS’ LLEGARON A ESPAÑA DESDE OTROS PAÍSES

Alrededor del 74% de las aeronaves que llegaron a España procedían de otros países, mientras que cerca del 26% eran vuelos nacionales. Según el aeropuerto, 7.502 ‘jets’ llegaron a Palma de Mallorca; 6.504, a Ibiza; y 6.314, a Málaga.

El resto de los nueve aeropuertos españoles que aparecen en el estudio han sido Barcelona (que con 4.826 se situó como el noveno destino más popular); Menorca (en el puesto 28); Gran Canaria (en el 38); Lanzarote (43); y los dos aeropuertos de Tenerife (Norte y Sur) (38 y 45 respectivamente).

La investigación ha detallado que la ruta internacional más frecuentada por jets privados hacia un destino vacacional español fue la que conecta Niza (Francia) e Ibiza, con un total de 317 vuelos. A esta le siguieron las rutas entre Niza y Palma de Mallorca, con 260 vuelos, y entre París e Ibiza, con 248 vuelos.

A su vez, la mayoría de los vuelos internacionales con ‘jets’ privados y destino España salieron de Francia (3.563 despegues), seguida del Reino Unido (3.500 vuelos) y Alemania (2.698 vuelos).

En este mismo sentido, el informe también ha revelado que existe un gran número de vuelos de muy corta distancia, como la conexión entre Ibiza y Mallorca, con un total de 692 vuelos (363 de Palma a Ibiza y 329 de Ibiza a Palma).

Además, los cinco aeropuertos españoles desde donde partieron más ‘jets’ privados fueron el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (1.922 salidas), el aeropuerto de Ibiza (1.894), el aeropuerto de Palma de Mallorca (1.693), el aeropuerto de Barcelona-El Prat (1.457) y el aeropuerto de Málaga (1.346).

PROHIBICIÓN INMEDIATA DE LOS ‘JETS’ PRIVADOS

El texto ha indicado que un solo vuelo medio en ‘jet’ privado a estos destinos emite casi tanto carbono como las emisiones anuales relacionadas con la energía de un ciudadano europeo medio (4,46 frente a 5,37 toneladas de CO2).

En total, estos 27.122 vuelos en jets privados hacia destinos vacacionales en España generaron aproximadamente 134.000 toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones anuales de alrededor de 89.300 coches con motor de combustión (cifras que sólo incluyen las emisiones generadas por los vuelos de ida, sin contar los vuelos de regreso).

A partir de esta investigación, la ONG pide prohibir de manera “inmediata” los ‘jets’ privados, gravar el queroseno y un impuesto a las grandes fortunas que proporcione financiación para bienes públicos como la vivienda asequible y de calidad, una alimentación saludable y el transporte público.

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