La vivienda es una prioridad para las diferentes administraciones en Canarias que se fundamenta en dos cuestiones: por un lado, es indispensable construir vivienda pública, y por otro, facilitar el camino para construir vivienda protegida, tanto de carácter público como privado.
Así lo expuso ayer el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, quien se desplazó a Los Realejos y a La Orotava para supervisar las obras de rehabilitación de 30 viviendas en el primer municipio, y la construcción de 65 inmuebles, en el segundo.
Rodríguez subrayó que actualmente se construyen en las islas más de mil viviendas, un “hito” en relación a los últimos 20 años, para sentar las bases y dar respuesta a la emergencia habitacional que requiere el acceso a una vivienda digna, y mejorar la calidad de vida de las personas que ya viven en el parque de vivienda pública.
El consejero visitó primero a Los Realejos acompañado por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; la consejera insular de Vivienda, Sonia Hernández; el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega; el alcalde, Adolfo González, y directores técnicos del proyecto que se desarrolla para reponer 30 viviendas en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Los Príncipes.
La actuación cuenta con un presupuesto de 4.821.607 euros y está cofinanciado por el Ministerio de Vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el Cabildo y el Ayuntamiento. Los trabajos incluyen la demolición de las antiguas viviendas, que se fue haciendo de forma progresiva, y la construcción de las nuevas para mantener a las familias en el mismo entorno residencial.
“Estas familias llevan cuatro décadas en viviendas temporales. Nuestro compromiso ha sido ofrecerles una solución digna gracias al esfuerzo conjunto de las tres administraciones”, declaró Adolfo González.
En la misma línea se expresaron Manuel Domínguez y Rosa Dávila, quienes subrayaron “la estrecha colaboración interadministrativa” para hacerlo posible.
La promoción ocupa dos manzanas de 1.067 metros cuadrados, en una parcela en la que una parte es propiedad del ICAVI y otra fue cedida por el Ayuntamiento. Se estructura en el modelo de viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas, con tres habitaciones, algunas adaptadas para personas con movilidad reducida, además de garaje y la incorporación de criterios de eficiencia y ahorro energético.
Desde allí, Pablo Rodríguez y Rosa Dávila se trasladaron al municipio vecino de La Orotava para comprobar el avance en las obras de 65 inmuebles protegidos de promoción pública en el barrio de San Antonio, en una parcela del Ayuntamiento cedida al ICAVI. En este caso, estuvieron acompañados por el alcalde, Francisco Linares, y la concejal de Bienestar Social, Belén González.
El proyecto supera los 7,4 millones euros y se desarrolla en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Se trata de dos edificios de cuatro plantas de altura que, en total, albergarán 32 y 33 inmuebles, respectivamente, con capacidad de hasta cuatro dormitorios, trasteros y garaje. Además, se ha contemplado la inclusión de dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y un piso tutelado.
Francisco Linares también agradeció la colaboración entre las distintas administraciones para poner en marcha esta obra “señera”, una “noticia extraordinaria en los tiempos que corren”, afirmó, dado que en La Orotava “hace más de 15 años que no se construye en bloque”. Asimismo, anunció un nuevo convenio con Visocan, para poner a disposición de la ciudadanía otras 78 viviendas de alquiler asequible en el barrio de La Florida.
Las personas demandantes deberán cumplir con una serie de requisitos, tanto económicos como sociales y estar empadronadas en el municipio los últimos siete años, especificó González. Una vez que desde el Gobierno de Canarias se compruebe que cumplen con todos ellos, quedan inscritos. “Deben presentar la solicitud y además, estar inscritos”, recalcó la edil.
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