El equipo de letrados de un conocido despacho de abogados de Santa Cruz de Tenerife que representa a un amplio grupo de accionistas minoritarios (no integrados en el pacto societario que gobierna actualmente el club), acompañado por algunos accionistas de referencia, se reunió en la tarde de ayer en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife con los abogados del inversor británico que, el pasado jueves, interpuso una querella criminal a José Miguel Garrido en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. La reunión trató exclusivamente del intercambio de información y pruebas fehacientes que fundamentarán la querella que se prepara contra el director general de la entidad y también miembro del consejo de administración, Santiago Pozas.
Según se desprende de la gran cantidad de pruebas aportadas por el inversor británico, supuestamente objeto de estafa por parte de José Miguel Garrido, los delitos penales denunciados en la jurisdicción de la capital tinerfeña también afectan de lleno a Santiago Pozas, por un supuesto encubrimiento de la presunta estafa urdida por Garrido y por su posible colaboración necesaria para que las acciones adquiridas por éste no fuesen inscritas en el libro de registro de la entidad, con la salvedad de que sobre estos títulos incurría una garantía pignoraticia en favor del acreedor (inversor británico), como así establece tácitamente el estatuto social del club.
Con independencia de la presentación de la nueva querella contra Santiago Pozas, este grupo de accionistas minoritarios está a la espera de que la ya presentada en los juzgados de Santa Cruz sea admitida formalmente a trámite para incorporarse también como acusación particular a la querella criminal incoada contra José Miguel Garrido. Este acto es independiente de la acusación que también puede adoptar el Ministerio Fiscal. El representante de esta agrupación declaró ayer a DIARIO DE AVISOS que las primeras evaluaciones jurídicas de la querella presentada el jueves hacen suponer que Santiago Pozas,será llamado a declarar en el momento procesal oportuno en calidad de imputado. Según afirma el portavoz de los accionistas minoritarios, “esta circunstancia no sería óbice para que nosotros continuemos adelante con nuestra propia querella”.
Dejación de funciones
Esta agrupación de accionistas minoritarios mantiene que Santiago Pozas permitió, como director general del CD Tenerife, que José Miguel Garrido acudiese a la ampliación de capital como titular del conjunto de acciones sindicadas, pretendiendo ostentar la totalidad de los derechos sobre el diez por ciento de títulos que vendió en una compraventa aplazada en agosto de 2023 al citado inversor británico, contraviniendo de manera flagrante los acuerdos de la Junta General de accionistas en la que él mismo participó y votó afirmativamente, y en la que se estipula, expresamente, que el derecho de acudir a la ampliación de capital de las acciones en prenda correspondía, exclusivamente, a los acreedores pignoraticios de dichos títulos. Es decir, en el caso que nos ocupa, este derecho pertenecía únicamente al inversor británico.
A juicio de la agrupación de accionistas minoritarios, se puede haber producido una clara dejación de funciones de Santiago Pozas e, incluso, convertirse en un colaborador necesario en el supuesto delito de estafa, al permitir que Garrido acudiese a una ampliación de capital con unas acciones cuyos derechos ya no le pertenecían, además de otros delitos, al ser miembro del consejo de administración de la sociedad. En este caso, se da la circunstancia de que este tipo de delitos dolosos pueden ser atribuibles a Santiago Pozas, porque solo los puede cometer los administradores de hecho o de derecho de una sociedad.
No se informó al club
Los derechos adquiridos por parte del nuevo accionista (el inversor británico) se vieron cercenados, lo que imposibilitó su participación en el proceso de la ampliación de capital, al no constar en el libro de registro de acciones del club la escritura de pignoración de títulos, ya que, por razones obvias, Garrido no podía presentar el supuesto documento falso que había hecho llegar pocos meses antes al inversor.
A juicio de la agrupación de accionistas minoritarios, resulta ‘absolutamente sospechoso y “muy confuso” que Santiago Pozas, la persona de máxima confianza de José Miguel Garrido y que, curiosamente, es el apoderado de la empresa de su propiedad Only One Way S. L, tenedora de uno de los paquetes accionariales más importantes con los que Garrido participa en el club, no tuviese constancia de la venta de acciones al inversor inglés y de su prenda pignoraticia. Como director general de la entidad, su obligación era registrar en el libro de accionistas que dicho paquete de participaciones, tal y como contempla el artículo 13 de los estatutos sociales, quedaba sujeto a los derechos del acreedor pignoraticio de dichos títulos, es decir, este derecho correspondía únicamente al inversor británico. Esta dejación de sus funciones también implicaría la posible comisión de delitos penales igualmente flagrantes.
Investigar contratos
La agrupación de accionistas minoritarios también ha cursado instrucciones a sus representantes legales con el fin de exigir al presidente, Paulino Rivero, un informe detallado de los contratos firmados por Santiago Pozas como director general del Club. Los accionistas que se agrupan en esta acción consideran que el máximo órgano de gobierno de la entidad dispone de argumentos “muy relevantes” para cesar fulminantemente a Santiago Pozas como directivo y consejero.
Asimismo, la agrupación pide que se investiguen los últimos contratos de incorporación y traspaso de jugadores a la plantilla del club, al igual que hacen hincapié en la precipitada y extraña adjudicación por diez años del servicio de catering en los palcos del Heliodoro Rodríguez López, promovida y firmada personalmente por Santiago Pozas como director general, en favor de una empresa radicada en la península, en detrimento de las firmas locales que aspiraban a esa prestación de servicios.
Fuentes próximas al consejo de administración del club mantienen que la dimisión de la consejera Alba Aula, presentada el lunes con carácter irrevocable, está directamente relacionada con las supuestas anomalías detectadas en la gestión de la entidad y con los escándalos judiciales en los que está envuelto José Miguel Garrido, el empresario que la propuso para el puesto, y la derivación estos turbios asuntos hacia el director general del club, Santiago Pozas.
La querella presentada la pasada semana contra José Miguel Garrido por estafa y falsedad en documentos públicos, también se hace extensiva a las sociedades de su propiedad, Eolus Capital Limited, radicada en el Reino Unido, y la mercantil española, Only One Way, S.L., de la cual es administrador único su hermano, y en la que, curiosamente, figura como apoderado, Santiago Pozas Arjona (Sevilla, 1962) que en la actualidad se sienta en el consejo de administración del Club y ejerce también como director general de la entidad, por imposición del principal accionista del Tenerife.
Los delitos que fundamentan la querella, como ya ha desvelado en exclusiva DIARIO DE AVISOS, están relacionados con la compraventa del 10% de las acciones del Club Deportivo Tenerife por importe de 3,5 millones de euros, de los cuales, el inversor británico abonó a Garrido un millón de euros en concepto de adelanto. En el mismo acto de la compraventa se firmó un acuerdo en escritura pública ante el mismo notario, por el que el inversor inglés sindicaba las acciones adquiridas en favor de la sociedad Eolus Capital Ltd, propiedad de José Miguel Garrido.
En dicha escritura de compraventa, además, se recogía expresamente que el querellado debía otorgar en documento notarial aparte, garantía pignoraticia sobre 10.388 acciones del Club Deportivo Tenerife. Según ha manifestado a este periódico el propio inversor inglés, el mismo decidió aceptar de buena fe la propuesta de Garrido de proceder con ese documento en un plazo máximo de 48 horas. Finalmente, José Miguel Garrido dio traslado al inversor, un mes más tarde, de una ‘escritura unilateral de prenda’ que, según recoge el texto de la querella “resultó ser una grosera falsificación de un documento notarial, cuya lectura no tiene desperdicio”. En dicho documento con apariencia de escritura pública no figuraría el obligado número de protocolo pero se insistiría reiteradamente en la intervención del notario en dicho acto “lo que resulta absolutamente falso”, según la querella.
Cuando el inversor británico recibe este supuesto ejemplar de escritura pública de prenda, por su desconocimiento del idioma y de los formatos notariales en España, no percibe los detalles de la falsificación y queda pendiente de la ampliación de capital del club, que finalmente fue aprobada por la Junta General de accionistas el 12 de diciembre de 2023. El inversor británico jamás sospechó que el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife pudiese acometer un supuesto engaño de esta magnitud.
En virtud de la fraudulenta escritura de prenda sobre 10.388 acciones, el inversor británico, habría quedado a la espera de acudir, tal y como contempla el artículo 13 de los estatutos sociales del club, al proceso de ampliación de capital, y suscribir acciones con cargo a las mismas, por ser el acreedor pignoraticio el titular de dicho derecho. Ello le hubiera permitido suscribir más de 35.000 nuevas acciones del Club.
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