La Audiencia Provincial de Santa Cruz acogió ayer la primera sesión de un juicio contra el antiguo administrador del bar Strasse Park, en el parque García Sanabria, acusado de traspasar la concesión del negocio sin informar a los nuevos titulares de que el enganche de luz era ilegal y que acumulaba facturas por casi 90.000 euros, pagos pendientes que en la actualidad ascienden a 150.000.
En la sesión intervino uno de los nuevos titulares, quien aseguró que no se les informó de que la conexión era ilegal ni de la existencia de deudas y la obligación llevar a cabo obras para regularizar la situación, pero poco después les llamaron desde el Ayuntamiento capitalino y les informaron de lo que ocurría.
Los antiguos titulares sí habían elaborado un proyecto para llevar a cabo la instalación, cuyo coste era de 29.000 euros, pero tenía determinadas carencias que nunca fueron resueltas.
La ejecución de la obra contaba con un presupuesto de, al menos, 70.000 euros y, dado que el kiosco está en un entorno calificado como Bien de Interés Cultural (BIC), se debió esperar por el permiso del Cabildo insular.
El actual gerente de Urbanismo y antes concejal de Servicios Municipales, Guillermo Díaz Guerra, recordó la conversación en la que se le comunicó a los compradores de la concesión de la situación real del kiosco, las deudas acumuladas y necesidad de llevar a cabo las obras o de lo contrario les cortarían el suministro.
El exconcejal aseguró que le llamó la atención la reacción del empresario porque “se quedó como congelado, ni pestañeó”, y justificó que fuera en ese momento cuando requirió el pago porque impulsaba una política de ahorro en electricidad y le sorprendió la abultada factura del parque en 2020, tras el confinamiento por la pandemia.
Cuando le comunicaron cuál era la situación real del kiosco Strasse Park, este comprador aseguró que se quedó en shock dada la cantidad de dinero que debían desembolsar y porque no se le hubiera informado antes de la compra.
El otro socio dijo que de haber tenido conocimiento de este dato no la hubiese llevado a cabo o lo habría hecho con unas condiciones muy diferentes y que en el contrato se incluyó una cláusula en la que se aseguraba que no había deudas pendientes.
Los nuevos titulares indicaron que la concesión terminó el pasado mes de septiembre, se está a la espera de que se lleve a cabo otra nueva y el negocio siempre ha sido rentable excepto durante la pandemia, aunque luego consiguieron subvenciones por valor de 71.000 euros.
La Fiscalía solicita tres años y medio de prisión para el anterior concesionario del citado bar por un delito de estafa, tras haber sido denunciado por los actuales propietarios de la concesión, quienes afirmaron en la primera sesión del juicio que nadie les informó previamente de la deuda acumulada en gastos de luz desde el año 2014 hasta mediados de 2021.
La Audiencia retomará hoy la segunda sesión del caso con nuevos testigos.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas