El Partido Popular finalmente anunció ayer que volverá a sentarse para negociar la propuesta elevada desde los gobiernos de España, Canarias y Ceuta para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y obligar al resto de comunidades autónomas a colaborar en la acogida de los menores migrantes no acompañados. Eso sí, lo retrasa otra semana pese a que la situación en el Archipiélago se califica, de forma unánime, como una crisis humanitaria y que los intentos por poner coto a la manifiesta falta de solidaridad de la mayoría del resto de territorios estatales ya se acercan al medio año desde la frustrada cita del pasado julio.
Fue la Cadena SER la que desveló ayer que la primera intención del PP era negarse siquiera a presentarse a la negociación, pero, a las horas de responder en tal sentido para sentarse mañana mismo tras la invitación cursada durante la semana pasada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cambiaron de postura.
Ahora, los conservadores aseguran que están dispuestos a acudir a una reunión la semana que viene, aunque en un viraje sobre el que no constan más indicios que apenas una alusión realizada ayer por el presidente canario, Fernando Clavijo, de que su vicepresidente, el líder de los populares isleños, Manuel Domínguez, habría presionado en tal sentido a la dirección estatal de su partido.
Sea como fuere, la reunión -en caso de celebrarse- resulta fundamental (como ha reconocido el propio Clavijo) para llegar a la Conferencia de Presidentes con un principio de acuerdo, pero todo apunta a que el PP se negará en redondo a obligar a comunidades autónomas como Madrid y Andalucía (que por territorio, PIB y población tendrían que liderar junto a Cataluña el esfuerzo para acoger menores) a que socorran a Canarias, región que, en lo que va de año, ha pasado de 30 a más de 80 centros para estos niños y niñas porque ya se tiene que atender a más de 5.200 menores. Tanto Madrid como Andalucía están gobernadas por el PP y sus presidentes -Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno- son los principales adversarios políticos de Alberto Núñez Feijóo a la hora de aspirar a sucederle al frente del PP nacional en caso de que su liderazgo decaiga.
Sin embargo, el pronóstico sobre la posibilidad de que la cita tenga algún éxito se antoja escasa por no decir inexistente. Hay que tener en cuenta que el PP estatal ha puesto todo tipo de excusas durante el año, sin duda por el chantaje político de Vox, al amenazar con no aprobar sus presupuestos en hasta cinco comunidades y una miriada de ayuntamientos en el caso de que ayuden a Canarias.
Las últimas excusas versaron primero sobre si España no había pedido socorro a la Unión Europea y, tras conocerse que el ministro Torres sí se había dirigido a la Comisión Europea, discutieron si el contenido de la carta era el más correcto, mientras insisten en la necesidad de que Frontex actúe en las Islas, pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no solo se ha mostrado favorable, sino que ha recordado que su personal ya lleva a cabo funciones en el Archipiélago.
El propio portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, se remitió ayer al pacto de Núñez Feijóo con Clavijo, suscrito en las Islas, para alcanzar algún acuerdo.
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