El sindicato CSIF, con representación en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, ha presentado un recurso a la nueva provisión de policías guías caninos del cuerpo policial capitalino. Según ha explicado la central sindical, “dicho recurso viene motivado por la nueva comisión de servicio convocada por la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento chicharrero, Purificación Dávila, cuando el pasado 7 de noviembre finalizó la anterior comisión de servicio que posibilitaba que los agentes ocuparan el puesto por necesidad y urgencia, a la espera de una convocatoria que adscriba a los funcionarios de forma definitiva al puesto de guía canino”.
El delegado sindical del CSIF en la Policía Local, Jesús Illada, añadió que “desde esta primera comisión han transcurrido dos años, sin que la Corporación local hubiera convocado un concurso específico para ocupar dichos puestos”.
Por tanto, apuntó, “el volver a convocar una nueva comisión de servicio supone un fraude de ley en toda regla, tal como establecían las anteriores sentencias ganadas por CSIF en relación a la Unipol, donde se proveían los puestos de la misma forma, a través de la figura de comisión de servicio, provocando una inestabilidad y temporalidad en el desempeño de las funciones como funcionarios que la ley de función pública prohíbe”. “Es anecdótico que el Ayuntamiento capitalino, y más concretamente la Policía, incumpla flagrantemente la legalidad, cuando después exige a los ciudadanos y empresas el cumplimiento de la misma, aplicando el dicho de que en casa de herrero, cuchara de palo”, declaró Illada.
Desde el sindicato subrayaron que, por “el incumplimiento descarado de la ley y de sendas sentencias por parte del Consistorio, el CSIF acudirá a la vía penal a efectos de investigar un posible delito de prevaricación en los actos relacionados con dichas comisiones de servicio”.
Cabe recordar que el sindicato policial interpuso en 2021 un recurso contra el decreto dictado por el Ayuntamiento de Santa Cruz en contra del nombramiento discrecional de agentes de la Unipol, tras volver a decretar, sin negociación ni participación de los agentes sociales, a dos oficiales a dicho grupo sin llevar a cabo ningún proceso selectivo. Un recurso al que la Justicia dio la razón en 2023, sumando así un total de seis sentencias contra el Consistorio por dicho motivo.





