Diario de Avisos/Efe. | La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha pospuesto hasta el próximo 18 de febrero el juicio contra el exconcejal de Fiestas del Ayuntamiento capitalino, Andrés Martín (PSOE), al no comparecer ayer tres de los testigos citados. El actual edil socialista en la oposición, pues sigue en este mandato, está acusado de un delito de prevaricación administrativa por los contratos menores a los que recurrió en los carnavales de 2020, por lo que la Fiscalía ha solicitado 12 años de inhabilitación.
No obstante, los técnicos que sí declararon en la vista oral de ayer se contradijeron sobre la legalidad de los contratos menores a los que se recurrió por parte del procesado para las fiestas de hace cuatro años, cuando Patricia Hernández ocupaba la Alcaldía.
Ayer declaró el entonces secretario del ayuntamiento, Luis Prieto, quien consideró que, dadas las circunstancias, fue totalmente legal recurrir a este tipo de licitaciones, cuyo límite se fija en los 15.000 euros. Recordó que, en octubre de 2019, se redactó el pliego de una forma conjunta pero, al presentarse en diciembre un recurso contra la adjudicación, se tuvo que proceder a contrataciones menores, opción que era legal y, de hecho, resultaba “la única posibilidad” existente entonces.
La interventora relató que, después de los carnavales, le pidieron un informe y se limitó a supervisar la multitud de facturas que le presentaron, de manera que dio por sentado que todo el procedimiento había sido correcto, al igual que en otros años y que no se advirtió de irregularidad alguna.
Un técnico en aquel momento del Organismo Autónomo de Fiestas dijo que les pidieron hacer horas extras e, incluso, trabajar los domingos para sacar adelante los expedientes porque el concejal procesado les había pedido personalmente que se actuara con rapidez. Por ello, cree que, de no haberse recurrido a los contratos menores, habría sido imposible celebrar actos como el Carnaval en la calle y añadió que existió una consulta a la asesoría jurídica del ayuntamiento, desde donde se avaló la fórmula elegida. Las adjudicaciones eran firmadas por el edil y el criterio aplicado consistió en elegir la oferta más económica.
Un arquitecto municipal, por su parte, ratificó que nadie les advirtió de una posible ilegalidad y, en cuanto a que se habían retirado de los pliegos el coste de los techos de los escenarios para no superar el límite de estos contratos, dijo que no siempre estos elementos son iguales y depende de la importancia del artista elegido. En relación a la contratación del vallado, aseguró que se trataba de un cuestión de seguridad para evitar que el público “se meta debajo de las carrozas”, como al parecer había ocurrido con anterioridad.
Entre quienes han discrepado con esta versión figura el anterior oficial mayor, quien, por orden del alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que sustituyó a Patricia Hernández (PSOE) en la Alcaldía, realizó un documento de información reservada en el que fue rotundo, al reflejar que no era posible llevar a cabo los trámites por esa vía. En el mismo sentido declaró una letrada del consistorio, quien en 2023 estudió ese expediente y vio que existían indicios de delito y, por ello, el caso fue nuevamente llevado a Fiscalía.
Un asesor de la concejalía de Cultura, cuyo hijo optó a este concurso sin conseguirlo, al contrario que otros años, apuntó que presentó una denuncia que fue archivada, criticando que el concejal aconsejara que no se contratara a la empresa de su hijo por ser “mafiosa”.
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