La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá desde este viernes el juicio con jurado a dos hombres acusados como presuntos autores del asesinato de un tercero por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.
Para los acusados se pide una pena de 25 años de prisión, si los hechos se consideran como un delito consumado de asesinato con alevosía y mediante un precio, o 15 años si se califica como un homicidio doloso por un ajuste de cuentas.
En cualquier caso la responsabilidad civil queda fijada en 154.000 euros, que deberían pagar al padre del fallecido.
Al parecer el líder de este grupo suministraba sustancias a la víctima para su distribución a terceros a cambio de dinero y entre ellos surgieron graves desavenencias que terminaron en el presunto asesinato, y para ello se puso de acuerdo con los otros dos acusados.
Estos últimos venían prestando auxilio al investigado desde hacía tiempo a través del cobro de deudas por medio de coacciones.
El plan pasaba por acabar con la vida de la víctima en el domicilio del principal traficante, donde ya se habían reunido en otras ocasiones, por lo que el asesinado se sentía en confianza.
Para ello, los tres debían actuar de forma conjunta y por sorpresa y emplear medios o instrumentos especialmente lesivos que impidiesen cualquier defensa o resistencia que pudiese intentar la víctima.
Los dos colaboradores conocían el plan, que serían tres contra uno, que el ataque iba a ser sorpresivo, el empleo una herramienta de hierro muy pesada llamada “pata de cabra”, que la fuerte complexión física de uno de los acusados y conocimientos de boxeo del otro.
Los dos colaboradores se prestaron a ejecutar esta muerte a cambio de que se les entregara una cantidad de dinero o drogas por un importe no determinado.
Una vez concertada la cita, y previamente a la hora señalada, el principal investigado introdujo por separado en el edificio a través del garaje a los otros dos acusados que luego entraron en su apartamento, donde también se encontraba la herramienta metálica para consumar el crimen.
La víctima accedió a la vivienda por la misma vía con el cabecilla como copiloto e ignorando que dentro se encontraban los dos cómplices.
Una vez en el interior llevaron a cabo el plan concertado y se abalanzaron de forma sorpresiva sobre el hombre, comenzaron a golpearlo con la mencionada arma y dándole grandes golpes sobre la cabeza que produjeron varias heridas graves y la muerte inmediata.
El cadáver presentaba numerosas heridas y fracturas localizadas en la cabeza y en el cuerpo también había signos de haberse defendido.
A continuación los dos colaboradores salieron del apartamento caminando portando uno de ellos el arma, de la que se deshizo al igual que de la ropa del fallecido, de la que solo se encontró una braga de cuello negra en la finca.
Uno de ellos huyó en su vehículo y se mantuvo oculto hasta que fue detenido, presentando en aquel momento algunas heridas producidas por cortes con fragmentos de cristal, y se acordó su entrada en prisión provisional.
El otro de los investigados se suicidó en el local de su empresa y tanto en este lugar como en su casa se encontraron diversas cantidades de drogas, especialmente cocaína, destinadas a su consumo y distribución.
Uno de los acusados posee título de entrenador nacional de boxeo y venía auxiliando al cabecilla a hacer cobros de dinero mediante el empleo de la fuerza y amenazas, y también permaneció oculto hasta que fue detenido por la Guardia Civil, momento en el que se le encontró una herida en el brazo derecho, izquierdo y rodilla.
También en su domicilio se halló cocaína y útiles para llevar a cabo la venta y preparación de dicha sustancia, y pasó igualmente a estar en prisión provisional.
El otro acusado tenía antecedentes penales por delitos patrimoniales usando la violencia, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y seguridad vial.
El padre del fallecido se personó en la causa ejerciendo la acusación particular.
Al parecer en el curso de la investigación la policía causó desperfectos en el coche utilizado en la investigación por valor de casi 2.000 euros, que son reclamados por su dueño.
La Fiscalía mantiene que en caso de que el jurado se decante por el homicidio consumado, pide que se imponga el agravante de abuso de superioridad.
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