El Toscal está en pie de guerra contra la “inseguridad” que vive este barrio santacrucero, convertido en los últimos meses en objetivo de los okupas, que acceden ilegalmente a viviendas no habitadas en la zona sin que la policía ni los propios propietarios los puedan echar porque la ley los ampara. Se trata de allanadores, la mayoría indocumentados e, incluso, hasta con órdenes de extradición, que han llevado a los vecinos a tener que organizarse en grupos de vigilancia y a planear próximas movilizaciones ante la inacción que denuncian por parte de las instituciones.
Una preocupante situación que llevó al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y al subdelegado del Gobierno, Javier Plata, a reunirse ayer con una representación de vecinos para abordar la seguridad en El Toscal. Un encuentro en el que también estuvieron presentes la concejala del distrito Centro, Purificación Dávila, y la edil de Seguridad, Gladis de León, además de mandos de la Policía Local y de la Nacional, y que acabó con el compromiso de las administraciones de aumentar la presencia policial en la zona.
El alcalde manifestó que el ayuntamiento apoya la reivindicación de los vecinos de pedir más seguridad y expresó su total rechazo a la ocupación “ilegal” de propiedades privadas en la zona que puedan poner en riesgo la seguridad vecinal.
Bermúdez y Plata también pidieron a los afectados que acudan a denunciar cuantos presuntos incumplimientos de la legalidad presencien, con el objetivo de dejar constancia por escrito de esas situaciones y poder facilitar la actuación de los agentes y los juzgados en los posibles procesos que se abran al respecto.
No obstante, la impotencia y decepción vecinal es latente. “No hay manera de sacar a los okupas porque los protege la ley, pero quién nos protege a nosotros cuando tenemos que convivir cada día con el miedo. Nos están llevando a tomar la justicia por nuestra mano”, afirmó una de las residentes en el barrio. En este sentido, los vecinos ya anuncian movilizaciones contra “la invasión de okupas en el barrio. Es una mafia que, además de entrar en las casas, ha agredido a personas, roba en supermercados e, incluso, hay bancos que han cerrados cajeros por vandalismo. El ayuntamiento no tiene la culpa, pero alguien nos tiene que ayudar”.
Por su parte, los propietarios de la vivienda número 10 del Pasaje Ravina, la última casa que ha sido víctima de la okupación, también se reunieron ayer con el regidor capitalino, a quien trasladaron “el calvario” que sufren desde hace una semana para poder recuperar su casa. “El alcalde está preocupado con lo que ocurre, pero no tiene competencias para actuar. Por ello, tendremos que acudir a la vía judicial para intentar sacar a estas personas y que nos devuelvan la propiedad”, explicaron los afectados. Asimismo, informaron a Bermúdez de que el inmueble está casi en estado de ruina en el interior, pues estaban a punto de iniciar las obras. “La casa tiene luz pero no agua, y además los techos se están cayendo. Si pasa una desgracia, no queremos ser responsables”.
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