Diario de Avisos/EFE. | La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) alertó ayer de que las políticas públicas de bienestar social de las Islas se fundamentan en un “sistema de asistencia caritativa y de delegación de responsabilidades en el sector privado”. Pese al aumento presupuestario, “el rumbo que están tomando las políticas públicas en Canarias apunta a un modelo más precarizado, externalizado y privatizado”.
A su juicio, en lugar de reforzar la gestión pública de los servicios sociales, y la coordinación institucional de los recursos, “se está consolidando un sistema basado en la asistencia caritativa y en la delegación de responsabilidades al sector privado”, un cambio de modelo que entiende que “debilita la garantía de derechos sociales, dejando a las personas más empobrecidas a merced de un sistema en el que la rentabilidad y el beneficio económico puede estar por encima de la atención de calidad”.
Por ello, Redesscan considera que “si no se toman medidas para revertir esta tendencia, Canarias corre el riesgo de consolidar un sistema de desigualdades y exclusión, donde el acceso a derechos fundamentales depende más de la suerte que de la acción pública”.
La Red cree “urgente” la necesidad de entablar “un debate serio sobre el futuro de los Servicios Sociales en Canarias”. “La administración debe apostar por una gestión pública fuerte, con personal suficiente, financiación adecuada y un modelo que garantice la equidad, la transparencia, la participación y la universalidad en la atención. No podemos permitir que los servicios sociales se conviertan en un negocio, en lugar de ser un pilar fundamental del Estado de Bienestar”, argumentó.
El presupuesto para 2025 alcanza los 774,2 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha, si bien “un análisis detallado revela una preocupante transformación del modelo de servicios sociales que podría conducir a su precarización, externalización y privatización, con efectos negativos sobre todas las personas, especialmente las más vulnerabilizadas”.
Según el informe de Odesocan, el 70,7% del presupuesto se destina a transferencias corrientes, es decir, pagos recurrentes a entidades externas en lugar de inversión directa en infraestructuras o personal estable, cuando la Ley de Servicios Sociales de Canarias exige un aumento mínimo de 55 millones de euros anuales hasta la implementación del Mapa Estratégico de Servicios Sociales, que sigue sin cumplirse plenamente. “A pesar de los 59 millones adicionales, se observa un déficit estructural que sigue afectando la calidad de los servicios y el acceso de la población a ellos”, aseveró.
Uno de los principales riesgos detectados es la creciente externalización de servicios, lo que abre la puerta a una progresiva privatización del sistema público de servicios sociales. “En teoría, la externalización puede mejorar la eficiencia, pero en la práctica suele traducirse en la precarización de las trabajadoras, la reducción de la calidad del servicio y la falta de control público sobre su gestión, debilitando los servicios públicos y los derechos”, alertó Redesscan.
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