El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), denunció ayer, durante la celebración de un nuevo pleno local, la “coacción” a la que somete el Ministerio de Transportes a los municipios de más de 50.000 habitantes, “a los que obliga a canjear las ayudas estatales al transporte público a cambio de implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuando esta medida ya ha caído en varias provincias por falta de seguridad jurídica, y en nuestro caso ha sido recurrida por el grupo municipal de Vox”.
El regidor explicó que, tal y como se recoge en el artículo 5 del real decreto-ley de 28 de enero de 2025, “para recibir esos fondos, el Estado nos exige una declaración responsable de la efectiva implantación de la ZBE, sin tener en cuenta la alta litigiosidad que está teniendo este asunto y la inseguridad jurídica que puede generar a los ayuntamientos dicha exigencia. Por ello, estoy muy preocupado por la deriva que puede implicar esta obligación, cuando vemos que estos proyectos están siendo anulados por los tribunales, como por ejemplo en Madrid, Barcelona, Badajoz, Gijón o ante la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional Francesa de suspender su implantación en todo el país, aun en contra del propio presidente”, detalló.
El alcalde tildó de “inaudito que tengamos que aprobar una ZBE para que la ciudad reciba el dinero para sufragar el transporte público, máxime cuando dicha implantación, con la ley en la mano, no tiene toda la seguridad jurídica que nos permita ponerla en marcha”. En este sentido, Bermúdez destacó que “esta situación no sólo puede crear una inseguridad para el ayuntamiento, sino un grave problema al poner en riesgo las aportaciones para el transporte público de esta ciudad, generando una responsabilidad jurídica y económica en el consistorio que, además, está destinando importantes partidas presupuestarias para una implantación que no sabemos si tendrá continuidad”.
Defendió que “no se nos puede exigir poner en marcha algo que no tiene un anclaje jurídico suficientemente fuerte con la exigencia de que, para recibir dinero para el transporte público, tengamos que ejecutarlo”, por lo que hizo un llamamiento para que desde el Gobierno de España “haya una aclaración de este asunto porque no podemos mentir, y eso puede tener consecuencias económicas y para el transporte público de esta ciudad”.
Bermúdez realizó esta declaración tras la moción presentada por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, en la que instaba al gobierno a aumentar la aportación a Titsa para incrementar frecuencias y líneas en barrios como La Salud. Una propuesta que, a pesar de no lograr el apoyo plenario, acabó en acusaciones contra la edil de Movilidad, Evelyn Alonso, a quien reprochó que “la mala noticia es tenerla a usted como concejal por sacar adelante un churro de ordenanza de Movilidad que acaba de ser anulada por la Justicia”.
Por otra parte, el pleno abordó el problema de las autocaravanas en determinadas zonas del municipio, en especial en la playa de Las Teresitas, donde se registran con frecuencia numerosos actos incívicos por parte de usuarios de estas viviendas nómadas. A raíz de una moción presentada por Vox, que contó con la intervención del Club de Autocaravanas de Adeje, el consistorio se comprometió a regular e intensificar la vigilancia de estos vehículos, así como a intentar buscar espacios para habilitar zonas de acampada para caravanas y autocaravanas.
Al respecto, la edil de Movilidad, Evelyn Alonso anunció que la próxima semana se reunirá para barajar la futura implantación de una aplicación móvil (app) que permitirá a la Policía Local vigilar los estacionamientos de estos vehículos en las plazas habilitadas, lo que “ayudará a la mejor gestión”.
Además, dijo que “se está en conversaciones con el Cabildo para buscar un área de servicio más amplia para aparcamiento y pernocta de caravanas, que cuente con instalaciones de carga y descarga de aguas residuales y espacios de acampada que contribuyan a ofrecer un mejor servicio”. Mientras, el portavoz de los autocaravanistas, Juan Luis Martín, hizo hincapié en que “no defendemos la acampada libre, pero sí la pernoctación en espacios habilitados, que en el caso de Santa Cruz aún son insuficientes”.
El pleno de ayer también aprobó las dos fiestas del municipio para el año 2026, que se han fijado para el 4 de mayo y el 17 de febrero. Además, respaldó una moción del PSOE para celebrar el 90 aniversario de la exposición surrealista. Además, rechazó la mejora de las prestaciones económicas de Atención Social y la promoción de viviendas vacías en régimen de alquiler asequible.
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