En octubre de 2020, el Grand Hotel Callao Sport, un complejo turístico de 92, habitaciones situado en el núcleo costero de Callao Salvaje, en Adeje— cerró sus puertas debido a la inviabilidad económica provocada por la crisis del COVID-19. Sus propietarios intentaron reabrirlo en varias ocasiones, sin éxito.
Finalmente, ante la imposibilidad de mantenerlo operativo, tomaron la difícil decisión de ponerlo a la venta. Hoy, casi cinco años después, el inmueble no solo sigue sin venderse, sino que se encuentra ocupado por más de 200 personas y atrapado en un limbo legal que impide a la empresa recuperar el control de su propiedad.
DIARIO DE AVISOS se desplazó hasta este complejo y la estampa es la siguiente: una parcela en un avanzado estado de abandono, con bolsas de basura y cubos amontonados en la entrada, las canchas de tenis y otros espacios deportivos cubiertos de suciedad y la vegetación creciendo sin control, fruto del paso del tiempo y la falta de mantenimiento. El Grand Hotel Callao Sport, lejos de la ambiciosa idea con la que fue concebido, se ha convertido en un espacio sin ley ni rumbo.
“El hotel está destrozado”
El proyecto original del complejo pretendía atraer a un tipo de cliente específico, amante del deporte, que busca entrenar al aire libre durante el invierno canario. Hoy, ese concepto ha quedado sepultado bajo escombros. “El hotel está destrozado totalmente. Han vendido mobiliario, levantado habitaciones donde antes no había. Es un horror”, explica la administradora de Domasa SA, Carmen Margarita.
Según su versión, el proceso de ocupación comenzó con un intento de robo el 17 de febrero de 2020. La seguridad del hotel alertó rápidamente a la Guardia Civil. Uno de los agentes resultó herido. Doce personas participaron en el acto. Tres de ellos fueron detenidos, aunque uno escapó.
Los primeros ocupantes podrían haber actuado de forma premeditada, a sabiendas de que este era un paso decisivo para lograr su cometido y que “alguno se tenía que sacrificar por el camino”, en referencia a los detenidos durante el primer intento de acceso.
Presuntamente, apenas 48 horas después del incidente, ya había medio centenar de personas dentro del hotel. “Lo tenían perfectamente organizado”.
Desde entonces, los propietarios perdieron el control de su propiedad. “Esto no es una ocupación: es un negocio. Hay cabecillas que venden y alquilan las habitaciones según las condiciones; las más caras son las que tienen baño. También venden habitaciones improvisadas debajo de las cocinas”.
Estás nuevas áreas clandestinas, además, suponen un riesgo para los vecinos. “Ponen en peligro a la comunidad. No hay ningún control”. Apunta que, incluso, “han entrado ambulancias” y en estos momentos, “ya ni los camiones de la basura acceden”. “Este no es el caso de una familia sin recursos, es algo más allá”, afirma.
“Nos intentaron chantajear”
Pese a no tener acceso a su propiedad, la empresa sigue pagando los suministros eléctricos. “Nos cortaron el agua en 2021, pero los ocupas, sorpresivamente, sí tienen. Desconocemos dónde se han enganchado, pero casi seguro que están robando agua a alguna administración. La luz la seguimos pagando nosotros”, apunta, eso sí, “triplicada a las que teníamos en otros años”.
Tras varios meses de desamparo, la empresa intentó abrir una vía de negociación. Pero el intento fracasó. “Nos intentaron chantajear: pidieron una cantidad ingente de dinero y que les buscáramos un lugar donde vivir”, relata.
Por todo ello, el negocio familiar ha quedado mermado. “Nosotros no somos una gran empresa. Mi padre emigró a América y después regresó a su tierra, a instalar su negocio familiar. Ha trabajado muchísimo para labrarse un futuro y conseguir todo lo que tenemos. Ahora, después del COVID, con todo lo que hemos pagado en impuestos, seguros sociales, trabajadores… tenemos una gran pérdida económica, un hotel cerrado, destrozado, ocupado y sin posibilidad de actuar”.
La empresa ha presentado demandas civiles, penales y numerosas denuncias. “No podemos hacer más. La justicia se mantiene impasible”.
Mientras tanto, los anuncios circulan: “se pueden encontrar en varias plataformas internacionales extendiendo la idea de que en Tenerife se puede vivir en una propiedad un año gratis, con luz y agua incluidas”.
“Pagamos impuestos para que existan ayudas públicas, no para que estas personas vivan en nuestras propiedades. Y encima no podemos hacer nada. La ley está hecha por gente a la que no le afecta”, apunta.
Margarita admite que no sabe cuándo podrá recuperar su propiedad. No se atreve a dar un plazo. Mientras tanto, los gastos se acumulan y la situación se vuelve cada día más absurda: “Este inmueble no estaba abandonado, simplemente estaba cerrado, esperando a ser vendido, ¿Cómo es posible que la legislación no haga nada y deje así de desprotegida a una de las partes?”. Con impotencia, lanza un mensaje claro: “Nos sentimos completamente abandonados por el sistema”.
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