Más de 150 anuncios de alquiler turístico han sido eliminados de la plataforma Airbnb en solo tres semanas tras la entrada en vigor de un nuevo protocolo para detectar y retirar ofertas manifiestamente irregulares en Canarias. Entre los tipos de alojamiento afectados se encuentran tiendas de campaña, campers, yurtas y embarcaciones, muchas de ellas situadas en playas, azoteas o incluso en barrancos.
Este tipo de ofertas, que en muchas ocasiones incumplen de forma evidente la normativa turística, se han vuelto frecuentes en el Archipiélago. La escasez de viviendas en el mercado de alquiler, el aumento de los precios y la alta demanda han favorecido la aparición de anuncios que, bajo el formato de alquiler vacacional, ofrecen “soluciones” que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. La mayoría de estas publicaciones han generado críticas en redes sociales y denuncias públicas por parte de colectivos ciudadanos y entidades ambientales.
Uno de los casos más llamativos es el de un Renault 4 adaptado como alojamiento en Arrecife, Lanzarote. Por 40 euros al día y una fianza, se ofrecía como “alquiler vacacional” un coche con un colchón en la parte trasera. El anuncio fue difundido en redes sociales por el perfil Stop Alquiler Vacacional, que criticó duramente la propuesta.
En Tenerife, se detectaron tiendas de campaña en playas ofrecidas como “apartamentos con baño”. Según denunció la Fundación Telesforo Bravo, uno de estos anuncios estaba localizado en Costa del Silencio, aunque mostraba imágenes de La Tejita. Se promocionaban servicios como solárium y barbacoa, pese a tratarse de instalaciones ilegales.
También en Arrecife, se ofrecían tiendas de campaña en una azotea como alojamiento turístico, denominadas “campamento urbano”. Por 15 euros la noche, los huéspedes accedían a zonas comunes de la casa, pero dormían en tiendas al aire libre. Entre las condiciones, se especificaban multas de hasta 500 euros por fumar y recargos por perder el candado o usar mal las instalaciones.
En Fuerteventura, un anuncio ofrecía caravanas a 400 euros al mes en un descampado de Tindaya, incluyendo agua y luz. Esta práctica también se ha extendido a Tenerife, donde en zonas como Playa de las Américas o Los Cristianos, las furgonetas y caravanas se alquilan como alternativa habitacional, tanto para turismo como para trabajadores.
En otro caso en Tenerife, un grupo que alquiló un supuesto alojamiento turístico acabó durmiendo en una caseta de jardín, con baño en un cuarto exterior. Compartieron su experiencia en redes sociales, tras descubrir que no se alojarían en el chalet que aparecía en las fotos del anuncio.
En El Hierro, se ofertaba una cabaña en una huerta como apartamento, pese a tener una cama al aire libre, ducha exterior sin agua caliente y un cubo como váter. El único comentario disponible en el anuncio la calificaba de “pésima”.
En El Sobradillo, Tenerife, se anunció el alquiler de un garaje por 600 euros mensuales, presentado como “vivienda ideal para parejas”. En las imágenes se aprecia un espacio diáfano sin elementos propios de una vivienda convencional.
En Santa Brígida, Gran Canaria, se ofrecía una tienda de campaña en el terreno de una casa particular por 15 euros la noche. El anuncio destacaba su ubicación “en medio de un barranco” y ofrecía aparcamiento, jardín y WiFi, aunque advertía que el acceso se hacía por un camino sin asfaltar.
En Adeje, Tenerife, un anuncio viral ofrecía alquilar el sofá del salón de un piso por 250 euros, para ayudar a amortiguar el precio total del alquiler. El anuncio fue compartido por el periodista Chema Blanco y generó una fuerte reacción en redes.
Por último, se ha detectado una cama-pallet en medio del monte, anunciada como una experiencia para “soñar bajo las estrellas”. Situada a 750 metros sobre el nivel del mar, el alojamiento consistía en una cama doble rodeada por una mosquitera, con un baño compartido a dos minutos y la compañía de dos perros “que ladran al llegar”.
Este tipo de anuncios ya no deberían estar disponibles en Airbnb tras la aplicación del nuevo protocolo, que establece un sistema de retirada inmediata para alojamientos que incumplen de forma manifiesta la normativa turística en Canarias.
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