El Gobierno de Canarias ha decidido llevar a los tribunales al Ejecutivo central por el decreto que crea un Registro Único de viviendas turísticas y una Ventanilla Única Digital para gestionar datos sobre los alquileres de corta duración. Según el Ejecutivo autonómico, esta norma invade competencias que son propias de las comunidades autónomas.
El recurso, aprobado este lunes en el Consejo de Gobierno, se dirige contra el Real Decreto 1312/2024, aprobado el pasado 23 de diciembre. Aunque entró en vigor el 1 de enero, no será de aplicación hasta el 1 de julio. El objetivo del decreto es centralizar la información sobre el alquiler vacacional en una única base de datos estatal y facilitar el intercambio de información entre administraciones públicas.
Desde el Gobierno de Canarias, sin embargo, sostienen que el turismo es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que este nuevo sistema estatal se ha aprobado sin consultarles. Así lo explicó el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, quien subrayó que esta postura coincide con el dictamen del Consejo de Estado, que también señala que no se ha tenido en cuenta la opinión de las autonomías ni de los organismos más afectados.
Además, Cabello recordó que el pasado 17 de febrero la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jéssica de León, ya había enviado un requerimiento previo al Gobierno central para expresar su desacuerdo. Al no haber obtenido respuesta, Canarias ha decidido presentar este recurso contencioso-administrativo.
El Gobierno autonómico lamenta que una norma con tanto impacto se haya aprobado de forma unilateral. Aun así, asegura que mantiene la puerta abierta al diálogo con los ministerios de Vivienda y Turismo para trabajar de forma coordinada y evitar posibles perjuicios, tanto para la ciudadanía como para el sector turístico.
¿Qué está en juego?
El conflicto gira en torno a quién tiene la autoridad para regular el alquiler vacacional. Mientras que el Gobierno central quiere establecer un registro único para controlar esta actividad en todo el país, Canarias defiende que son las comunidades autónomas quienes deben gestionar y regular las viviendas turísticas en su territorio.
La decisión final la tendrá la Justicia, una vez se tramite el recurso presentado por el Ejecutivo regional.
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