La Guardia Civil, a través del SEPRONA de Fuerteventura, ha identificado a la propietaria de un perro cuyo cadáver fue hallado semienterradco en plena vía pública, en avanzado estado de descomposición.
El hallazgo, registrado el pasado 8 de abril gracias a la colaboración ciudadana, generó controversia entre los vecinos del municipio, ya que esta práctica es habitual en la zona.
La unidad del SEPRONA inició una investigación para depurar responsabilidades y solicitó al veterinario vinculado al Ayuntamiento que realizara una evaluación post mortem. Tras la inspección macroscópica, el veterinario determinó que no existían signos externos compatibles con maltrato físico ni indicios de desnutrición, y que el estado corporal general del animal era acorde a su edad.
La Guardia Civil recuerda que, cuando un animal de compañía fallece, es obligatorio gestionar el cadáver a través de una empresa reconocida oficialmente para estas actividades. Asimismo, la baja por muerte del animal en el registro canario de identificación animal (ZOOCAN) debe ser gestionada por un veterinario habilitado.
Posibles sanciones
Según establece la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en su artículo 26J, para que un veterinario gestione la baja es necesario disponer del documento que acredite que el animal fue incinerado o enterrado por una empresa reconocida, haciendo constar el número de identificación del animal fallecido y el nombre y apellidos de su responsable, o en su defecto, que quede constancia en la base de datos de la empresa encargada del cadáver.
Tal y como recoge la ley, enterrar un animal doméstico en un lugar no autorizado, como una vía pública, puede considerarse una infracción administrativa, por tanto, podría suponer las siguientes sanciones:
- Por parte del propietario → incumplir las obligaciones sobre la correcta gestión del cadáver de un animal puede ser sancionado como falta leve o grave, dependiendo de la comunidad autónoma. En Canarias, las sanciones pueden ir desde 300 hasta 30.000 euros, según la gravedad.
- Por parte del veterinario → si se confirma que dio de baja en el registro ZOOCAN sin cumplir los requisitos legales (sin acreditar incineración o gestión oficial), podría enfrentarse a un expediente por mala praxis profesional. Esto es competencia del Colegio Oficial de Veterinarios, que puede imponer amonestaciones, multas económicas o incluso suspensión del ejercicio si lo considera grave.
Además, si las autoridades detectaran riesgo para la salud pública (por ejemplo, por descomposición en espacio público), podrían intervenir otras normativas, como las sanitarias o municipales, que también prevén sanciones.
El SEPRONA ha remitido un informe al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas detallando los hechos, para que valoren si la actuación del veterinario fue irregular o si pudiera considerarse como mala praxis.
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