“La consejera había reconocido ya que los datos de dependencia eran falsos: o mintió a Clavijo o el presidente sabía que eran falsos”

En su currículo sobresale que ha sido delegada del Gobierno en Canarias (2018-19) y consejera de Economía en el Gobierno de Canarias (2020-2023), además de directora del Instituto Canario de Igualdad (2011-2015) y consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria (2015-2018). Ahora que es portavoz de Derechos Sociales por el grupo parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, era ineludible entrevistar a Elena Máñez (Gran Canaria, 1969), dado el escándalo desvelado por DIARIO DE AVISOS en la gestión de dependencia por los datos falsos publicitados desde el Ejecutivo autonómico.

-¿Podría resumirnos que ha pasado?

“Las comunidades autónomas trasladan al Imserso mes a mes la información de a cuántas personas atienden y eso se traduce en cuántas prestaciones están recibiendo esas personas, entre otros datos. Es una información bastante amplia y compleja, pero el dato que importa, el que mide la gestión real, trata sobre los PIAS, que son los Programas Individuales de Atención. Es el documento definitivo donde se le reconoce el derecho a la persona. El procedimiento de Dependencia consta de varias fases pero este es el más importante porque es el momento en que se le dice a la persona que tiene derecho a una residencia, a un centro de día, a una ayuda a domicilio, a una teleasistencia…”.

-Y una persona dependiente puede tener derecho a más de una prestación…

“Exacto, una persona puede tener una o dos prestaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos que denunciamos? Que el Gobierno de Canarias, la consejera, ha falseado los datos. A final de año, en enero cuando se conocieron los datos, la consejera [Candelaria Delgado] presumía de las prestaciones, que las había incrementado un 35%, pero ese mes ya dimos una rueda de prensa explicando que ese dato era falso porque era materialmente imposible. Porque si en 2022, con el Gobierno que presidía Ángel Víctor Torres, se reconoció el derecho a 7.910 personas y de ahí resultaron 9.900 prestaciones, era materialmente imposible que si tú atiendes a menos personas (4.328), que fueron las atendidas por el Gobierno el pasado año 2024, te salgan 16.000 prestaciones. ¡Porque estarías multiplicando por cuatro, y eso es ilegal! No es posible”.

-Recuerda usted que lo denunciaron en su momento…

“Así es. Y en febrero llevamos a cabo una interpelación parlamentaria, pero lo grave es que la consejera lo ha negado, cuando no es una consejera cualquiera sino que es trabajadora social y ha sido presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife y ella sabe muy bien que una persona no puede tener cuatro prestaciones a la vez. Por lo tanto, era consciente de que los datos eran falsos”.

-¿Por qué no puede tener un o una persona dependiente hasta cuatro prestaciones a la vez?

“Porque son incompatibles. Porque la ley establece que puedan ser una o dos. Por ejemplo, si quieres estar en un centro residencial no puedes tener otra”.

-O sea, por eso entienden que la consejera mintió…

“Si en febrero ya lo sabía, mintió en el Parlamento. Pero es que además el presidente, durante el debate sobre el estado de la nacionalidad, dio esas cifras y presumió un récord de prestaciones en dependencia. ¡En marzo, cuando en febrero la consejería ya había reconocido que las habían regularizado! Entonces, o la consejera mintió al presidente, o también el presidente sabía que eran datos falsos. La consejera lleva mintiendo desde febrero. Era conocedora. Sabía que esos datos eran falsos. ¡Era evidente para alguien que ha sido trabajadora social! ¡Era evidente que no podía ser que, con menos personas atendidas, salieran mas prestaciones! Y esto es grave porque se está utilizando a los más vulnerables”.

-La constatación de que los datos eran falsos se produce en abril…

“Efectivamente. Fue en abril cuando el Imserso publica los datos y desaparecen 9.000 prestaciones…”.

-Nueve mil de 16.000…

“Y se constata la mentira. La consejera tuvo desde febrero hasta ahora para haber salido a explicarlo. Si lo sabía, tenía que haberlo hecho. ¿Cuándo sale a explicarlo? Cuando ya la evidencia es irrefutable porque el propio Imserso la ha desmentido a raíz de la denuncia del propio partido socialista en una pregunta que formula la senadora del PSOE en el Senado Marta Arocha para clarificar la situación”.

-Entiendo que, por lealtad institucional, el Imserso publica los datos según le llegan desde otra administración pública aunque no sea del mismo signo político, como es el caso. ¿Pero luego los comprueba de facto o a instancia de una parte?

“Se pueden dar ambas circunstancias. Si se detectan elementos que no cuadran o a raíz de que se ponga en conocimiento de que hay unos datos que no cuadran. Pero insisto en que nuestra senadora Marta Arocha hizo una pregunta al Imserso desde enero, cuando detectamos que esos datos no podían ser, y es a continuación cuando entonces la consejera viene a reconocer, según ella, que era un error informático de interoperabilidad. Aún así, insisto en que los datos resultaban tan evidentes que no podían ser. Desde el minuto uno tenía que haber reconocido que hubo un error y no dejar pasar meses presumiendo de un récord en prestaciones”.

-¿Qué daño hace esto?

“Esto hace mucho daño a la imagen reputacional de este Gobierno, porque ha perdido la credibilidad. Están bajo sospecha, y eso es grave, como siempre que se pone en juego la credibilidad de las instituciones. Es grave además porque ha dicho que personas que estaban en lista de espera tenían una prestación y desde luego es poco ético cuando realmente hay más de 17.000 personas esperando por una resolución para que se les reconozca el derecho. Somos la comunidad autónoma donde más gente espera por ello, un 23% frente al 6% de media nacional. Es un insulto a esas personas que están esperando a que se les reconozca ese derecho”.

-Ha dicho la consejera que esto no ha tenido ningún coste económico para las arcas públicas o perjuicio alguno para los afectados.

“Lo de las arcas públicas está por determinar, porque la financiación que recibe el Gobierno de Canarias, como todas las comunidades autónomas, parte, por un lado, de una cantidad que se reparte entre todas las CC AA y otra, que depende de tres factores: reducción de lista de espera, personas atendidas y prestaciones. Si tú pones más prestaciones, recibes más financiación, luego está por ver si efectivamente no ha habido un impacto en las arcas publicas por el falseamiento de datos sobre dependencia”.

-¿Y respecto a los dependientes?

“Lamentablemente, los dependientes en Canarias siguen esperando en las listas de espera. Es que se miente sobre su realidad porque personas que siguen en su lista de espera han figurado como que ya han recibido la prestación a la que tienen derecho y no es así. Éticamente, desde luego, es inaceptable. Pero es que la consejera no solo miente en Dependencia, sino también en otras áreas de su Consejería. En Protección a la Infancia, donde los trabajadores habían denunciado las pésimas condiciones en las que se encuentran, la consejera dijo que se había reunido con ellos y al día siguiente esos trabajadores denunciaron que había mentido en el Parlamento. La mentira parece una tónica habitual en esta consejera. En vez de gestionar, cuando tiene un problema lo que hace es mentir”.

-La semana pasada ha interpelado a la consejera. ¿Qué impresión ha obtenido?

“Lo que vimos ahora fue un intento bochornoso de intentar justificar lo injustificable. ¿Cómo justificar que desde enero la consejera ha mantenido un relato de presuntos éxitos en la gestión con un incremento de 9.000 prestaciones que no eran reales, y ahora cuando la realidad le ha estallado en la cara intenta dar explicaciones. ¿Cómo justificar 9.000 prestaciones que no estaban siendo recibidas por ninguna persona mientras se incrementaban las listas de espera y fallecen personas sin recibir atención? Todo, por intentar justificar su pésima gestión. Lo único decente es la dimisión”.