No por menos esperado deja de ser noticia que el Partido Popular a nivel estatal haya redoblado el boicot que desde hace más de un año niega a Canarias el auxilio necesario a la hora de repartir los esfuerzos que supone acoger con un mínimo de dignidad a los miles y miles de menores migrantes llegados a las Islas sobreviviendo a la mortífera ruta atlántica y que siguen hacinados en los incontables centros abiertos de emergencia por estos lares para atenderles lo mejor que se puede.
Pese a que, al fin, los trabajos liderados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, finalmente se han traducido en un decreto ley para dar cumplimiento al mandato constitucional que dispone la necesaria cooperación interterritorial, ayer el PP boicoteó desde el minuto uno la Conferencia Sectorial de Infancia y Migración celebrada en Madrid para informar y coordinar sobre dicho reparto.
Para los populares, los criterios contenidos en dicho decreto son “arbitrarios y forzosos”, sostuvo su representante madrileña, Ana Dávila-Ponce, pese a que los mismos persiguen corregir la injusticia que supone que comunidades con tanta capacidad financiera, poblacional y territorial como son -precisamente- Madrid, Andalucía y Valencia sean las que hasta hora acogen a menor número de menores, aunque hay que tener en cuenta que el partido ultraderecha Vox chantajea políticamente al PP con no apoyar sus presupuestos autonómicos en caso de que ayuden a más menores de origen norteafricano o subsahariano, como son los llegados a Canarias. No es un dato baladí, como demuestra la acogida masiva y sin problemas que dichas regiones llevaron a cabo con los llegados desde Ucrania.
Sea como fuere, el fracaso de ayer no cambia la hoja de ruta pactada desde el Gobierno de España, como confirmó anoche la ministra de Infancia, Sira Rego, quien explicó que el real decreto “está vigente y es operativo”, a la par que lamentó que no haya sido posible debatir ninguna propuesta porque no han “contado con ninguna aportación de las comunidades autónomas del PP más allá de la exigencia de la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial”.
Aunque Coalición Canaria tiene como socio de gobierno en las Islas al PP, su consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mostró ayer su decepción con lo sucedido: “Ya intuíamos que no iba a haber acuerdos, pero es verdad que ni siquiera se han debatido ni votado determinadas cuestiones planteadas por las comunidades autónomas. Canarias evidenciaba la situación que tenemos, la necesidad de que este acuerdo saliera adelante pero no ha sido posible. El ministerio, no obstante, ha anunciado que aplicará el Real Decreto y que convocará en dos meses una nueva conferencia sectorial ordinaria para debatir y votar los criterios de distribución”, aseguró a la salida de la reunión, que se prolongó más de cuatro horas.
A su vez, la secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, no pudo ser más clara: “Se siguen tomando este asunto como una auténtica frivolidad, como una herramienta de ataque electoral y, desde luego, así no aportan nada”.
Piden aprovechar el bajón de llegadas de migrantes: solo 23 en 15 días
El Gobierno de Canarias pidió ayer al Estado que se aproveche la calma en las llegadas irregulares a las costas de las Islas en las últimas semanas -solo 23 inmigrantes en la segunda quincena de abril- para agilizar la derivación de los menores que tutela la comunidad autónoma y disminuir así la presión sobre el sistema. Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello (CC), insistió en la necesidad de fijar un calendario para hacer cumplir la reforma de la Ley de Extranjería que obliga a que la acogida de los menores migrantes sea compartida por todas las comunidades autónomas, si bien el boicot de sus socios en el Ejecutivo regional, el PP, frustró tal propósito por lo que respecta a la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada con posterioridad a las declaraciones de dicho portavoz.
En todo el pasado abril llegaron irregularmente al Archipiélago 1.114 personas, una cifra significativamente menor que en meses anteriores -más de 2.000 en febrero y marzo- y mucho menor que las de finales del año pasado, cuando solo en noviembre se registraron 7.338.
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