DA/Agencias. | Proteger lo conquistado, ganar el futuro. Este ha sido el lema central de las manifestaciones convocadas de manera conjunta por los dos sindicatos mayoritarios del país -CC.OO. y la UGT- con motivo del Primero de Mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. “Firmemente comprometidas con un sindicalismo internacionalista, solidario y transformador”, estas organizaciones reafirman su implicación en “la cooperación intersindical y la defensa de los derechos laborales y sociales en todo el mundo”. En un contexto global de “profundas transformaciones”, se reivindican como una “herramienta esencial para construir sociedades más justas y democráticas”. No fueron los únicos actos. La movilización ha sido más amplia, con dispar éxito y seguimiento.
En Canarias, se puso el foco en la lucha por “un reparto más justo de la riqueza”; especialmente, la derivada del turismo. Con el recuerdo de la huelga en la hostelería del Jueves y el Viernes Santo en la provincia occidental, las concentraciones congregaron a unas 1.000 personas en Santa Cruz de Tenerife y unas 1.800 en Las Palmas de Gran Canaria, según los datos facilitados por Delegación del Gobierno. Desde los sindicatos, elevan la participación a las 6.000 personas en Tenerife y unas 4.000 en Gran Canaria.
LA INVOLUCIÓN DE LA ULTRADERECHA
En declaraciones a los medios, el secretario de Organización y Relaciones Institucionales de UGT en Canarias, Héctor Fajardo, advirtió del “riesgo” que se corre en materia de derechos ante “un hecho involutivo a nivel global, con el avance de gobiernos de extrema derecha en muchos países” del ámbito europeo”. Defendieron como “esencial” que “el dinero” que deja la actividad turística “se reparta justamente entre los trabajadores, que son los que realmente generan la riqueza.
Las marchas han estado marcadas, aparte del turismo, por el malestar con las patronales, la crisis de la vivienda. “¡Rebaja salarial a la patronal!” y “¡Vaya mierda de salario que nos paga el empresario!” eran algunos de los cánticos que se escucharon en Las Palmas de Gran Canaria. Antes de la salida, en San Telmo, la secretaria insular de Comisiones Obreras, Esther Ortega, denunció que “los datos macroeconómicos no se reflejan en nuestra gente”, ya que Canarias tiene “una de las cestas de la compra más caras” de España y un precio del alquiler que “ronda los 1.050 euros mensuales, cuando los salarios están en torno a los 1.300-1.400 euros y la media son 1.600 euros”. La dirigente también arremetió contra la sobrecarga en los centros de trabajo, que “afecta a la salud mental y ocasiona las bajas como consecuencia de una mala organización, con unos turnos partidos que no se justifican, jornadas larguísimas, salarios bajos y una vivienda inaccesible”.
LA MARCHA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
En contraste con el día soleado en la capital grancanaria, el recorrido en Santa Cruz de Tenerife, desde la plaza de Weyler, se vio salpicado por la lluvia y animado al ritmo de batucadas con cánticos como “¡Se va a acabar la dictadura patronal!” y “¡Marichal el que no bote!”, en referencia a Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y de Ashotel (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro). Destacaban los representantes del sector de la hostelería, el sociosanitario y pensionistas. El grupo de Sindicalistas de Base llamaba a una huelga general en la hostelería.
El vicesecretario general de la Unión General de Trabajadores en Canarias, Paco González, incidió en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que el Consejo de Ministros iba a aprobar esta semana y se aplazó al próximo martes: “Es fundamental recuperar poder adquisitivo y mejorar la conciliación laboral y familiar. Tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar”. Un miembro de la coordinadora nacional de Co.bas, Javier Cabalgante, invocó la paz: “Parece que los dineros sí están para un rearme, no para la defensa de los derechos laborales y sociales”.
En Madrid, los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, clamaron por la rebaja de jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025. Avisaron de que sería “fraude de ley” no sacar adelante este acuerdo alcanzado sin el concurso de la patronal.
A su entender, España debe consolidar este recorte del tiempo de trabajo y profirieron que sería un “timo a la democracia” que los grupos políticos no permitieran el debate de esta medida en el Congreso de los Diputados.
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