Marta Arocha, senadora y secretaria de Dependencia del Ejecutiva del PSOE Canarias, habla claro. Afirma que “los datos de dependencia del año 2025 están siendo absolutamente dramáticos” tras haber desvelado un falseamiento de los datos del Gobierno de Canarias en relación a las listas de la propia dependencia.
-¿Cómo le explicaría a una persona de a pie, que no esté familiarizada con el tema, qué ocurre en el sistema de dependencia en Canarias y que ustedes han tachado, desde el PSOE, de estafa?
“En enero de 2025, desde el Partido Socialista, convocamos una rueda de prensa para valorar los resultados del sistema de la dependencia en Canarias en el ejercicio 2024. En ese momento, además de poner en conocimiento de la ciudadanía que se había atendido solo a 4.000 personas frente a las casi 8.000 del ejecutivo de Ángel Víctor Torres, también denunciamos que el número de prestaciones no se correspondía con las personas atendidas, es decir, que era material y legalmente imposible que con 4.000 personas atendidas hubiera 16.000 prestaciones”.
-¿Por qué?
“La Ley permite que una misma persona tenga varias prestaciones. Es decir, una persona puede tener derecho a un centro de día y a una teleasistencia, pero no puede tener derecho a cuatro prestaciones a la vez. 16.000 prestaciones suponía que una misma persona tuviera cuatro prestaciones o más y eso es imposible. Un ejemplo muy sencillo de entender es el de una persona que tiene derecho a un centro residencial. Este derecho no es compatible con ninguna otra prestación, ya que en la residencia las personas en situación de dependencia tienen todas sus necesidades cubiertas, y por tanto no pueden tener ninguna otra prestación concedida. Lo mismo ocurre con la persona que tiene derecho a una prestación económica, en este caso, podrá tener otra prestación como una teleasistencia o una ayuda a domicilio pero nunca cuatro prestaciones porque eso implicaría tener dos económicas y la ley lo prohíbe. Esto fue lo que denunciamos desde el PSOE en enero la imposibilidad de que con 4000 personas atendidas se hubieran concedido 16.000 prestaciones”.
–Hablamos, entonces, de una situación tan grave como la posible falsificación de cifras…
“Cuando detectamos que los datos publicados por el Imserso, que son suministrados por el Gobierno de Canarias, no cuadran, desde el Senado realizamos una pregunta al propio Imserso. A raíz de esa pregunta ellos realizan una investigación, obligando a la Comunidad Autónoma a dar de baja las prestaciones irreales. Estamos hablando de que en diciembre eran más de 9.000 y en los datos de enero ya ascendían a más de 12.000. Conforme a los datos publicados oficialmente, en diciembre había 62.165 prestaciones, en enero siguieron incrementándolas de manera desproporcionada hasta las 65.078 y en febrero, una vez investigado por el Imserso, tras la denuncia del PSOE, se redujeron a 52.855. Por lo tanto fueron 12.223 las prestaciones falsas notificadas desde el Gobierno de Canarias al propio Imserso, teniendo que retrocederlas”.
-Fernando Clavijo dijo en sede parlamentaria que la reducción de las prestaciones no afectaba a las personas...
El presidente Clavijo lleva desde diciembre presumiendo de los datos de prestaciones y sacando pecho. Es cuando el Imserso dice que son irreales cuando tiene la desfachatez de afirmar en sede parlamentaria que no afecta a las personas. No se puede tener esa falta de sensibilidad. Esas prestaciones falsas, comunicadas al Imserso, se corresponden con personas con nombres y apellidos que llevan años esperando por el reconocimiento de su derecho. Afirmar que no afecta a las personas es inadmisible, una afirmación formulada con absoluta falta de sensibilidad y empatía hacia el sufrimiento de un sector muy vulnerable. Esas prestaciones se grabaron con plena conciencia de lo que se estaba haciendo”.
-Desde fuera, la sensación es esa: ¿no se habla con demasiada facilidad de cifras cuando nos referimos a personas?
“Totalmente. Ellos no hablan de personas en ningún momento, solo hablan de cifras para presumir, especialmente el presidente del Gobierno de Canarias, que ha mostrado, con su intervención en el Parlamento, una absoluta falta de sensibilidad hacia un sector de la sociedad tan vulnerable”.
-¿Qué opinión le merece la presunta existencia de un informe interno que, dicen, se ha llevado a cabo desde la Dirección General, sobre la gestión del PSOE durante el anterior mandato?
“No me puedo pronunciar sobre un informe que no he leído y que desconozco. Es un informe fantasma que aparece después de dos años de irnos del gobierno, que no es oficial, ni está publicado en ningún sitio, nadie lo conoce y surge precisamente en la semana en la que desde el PSOE denunciamos la existencia de 12.300 prestaciones falsas y el día antes de que se publiquen los datos oficiales de abril. Suena a amenaza y a un intento de amedrentarnos, seguiremos denunciando todo lo que veamos. Los ciudadanos me votaron para que los defienda y eso lo que haré y para lo que he venido a la política. Las denuncias que hacemos desde el PSOE de Canarias a la actual falta de gestión de la consejera Candelaria Delgado son siempre conforme a datos oficiales, a los que puede acceder cualquier persona en cualquier momento entrando en la página del Imserso. Es algo en lo que insisto mucho, solo damos datos oficiales por razones de ética y para que cualquiera que tenga interés pueda acceder a comprobar la veracidad de los mismos”.
–¿Podría explicar cómo es la relación de las CCAA con el Imserso?
“Agradezco mucha esta pregunta porque me permite distinguir entre datos falsos, mandados de forma voluntaria y con plena consciencia para presumir de una gestión inexistente o para conseguir financiación, de lo que es el día a día de la Dirección General con el Instituto. La relación de las CCAA con el Imserso es absolutamente dinámica porque se le comunican todos los movimientos que ocurren. Es decir, cualquier cambio en la situación de una persona tiene que ser notificado al Instituto: desde un cambio de grado hasta un cambio de prestación. Todo, absolutamente todo, se notifica. Imagínese las comunicaciones continuas del Imserso con las CCAA y viceversa en este momento en el que en España hay más de un millón y medio de personas a las que se les aplica la Ley de Dependencia. Desde un cambio de ayuda a domicilio por un centro de atención residencial hasta un cambio de cuidador o un incremento de cantidad de una prestación económica como consecuencia de un aumento de grado. Es una relación viva, dinámica y diaria en ambos sentidos”.
–Según los datos oficiales en los primeros cuatro meses de 2025 han fallecido en Canarias 2884 personas en lista de espera.
“Los datos de 2025 están siendo aún peores que los de 2024, con 30.036 personas en lista de espera y falleciendo más personas que personas atendidas. En el mes de marzo se atendió únicamente a 182 personas frente a las casi 900 de 2022 con el gobierno de Ángel Víctor Torres. En abril, 316 personas atendidas y 752 fallecidos. Son datos dramáticos”.
-Parece que existe un problema importante al no haberse firmado aún los convenios con los diferentes cabildos.
“Estamos acabando el mes de mayo y aún no se han firmado los convenios de dependencia con los cabildos para que estos puedan gestionar los centros de mayores y de personas con discapacidad, los centros de día, las ayudas a domicilio, las teleasistencias y demás. Los cabildos están financiando ellos solos la totalidad de la inversión que supone la atención a la dependencia cuando le corresponde al Gobierno de Canarias que está recibiendo la financiación necesaria del Estado. Esto es insostenible para los cabildos que necesitan fondos para a su vez financiar a las entidades prestadoras de servicios”.
–Los comités de empresa de Bienestar Social han pedido, públicamente, la dimisión de la consejera y la directora de dependencia por “falsear” los datos.
“El ambiente que se ha generado en la Dirección General de Dependencia se ha vuelto insostenible. Llevamos desde el PSOE más de un año denunciando la situación de acoso que sufren los trabajadores y trabajadoras de la consejería. Elena Máñez, diputada del Parlamento de Canarias, está en contacto continuo con los comités de empresa de ambas provincias y ha realizado intervenciones magnificas en el propio Parlamento sobre la situación que atraviesa el personal. Son continuas las denuncias por la falta de diálogo, de escucha, el aumento indiscriminado de las ratios, las dificultades que plantea el nuevo decreto de procedimiento… Son los propios comités de empresa de ambas provincias los que han solicitado el cese inmediato de la consejera y de la directora general por la falsificación de los datos remitidos al Imserso, solicitud a la que nos hemos sumado desde el PSOE”.
–Tampoco parecen estar muy conformes los colegios profesionales.
“Desde esos colegios profesionales, del que la consejera fue presidenta, se realizó una campaña hace unos meses contra el nuevo decreto de procedimiento del reconocimiento de la dependencia por vulnerar los derechos de las personas dependientes, por la eliminación del informe social o por la asignación de funciones técnicas a personal sin cualificación acreditada, entre otros. En estos días han denunciado además en los medios de comunicación la grave crisis institucional que sufren los servicios públicos exigiendo medidas urgentes al Gobierno de Canarias. Dichos colegios manifiestan la profunda preocupación que tienen ante el deterioro progresivo del sistema público de servicios sociales en Canarias, pidiendo al Ejecutivo que rectifique, escuche y actúe. Por lo tanto, es unánime la denuncia de la situación que se está viviendo en la Consejería de Bienestar Social en general y en particular en la Dirección General de Dependencia. No sólo es el Partido Socialista el que exige al presidente del Gobierno regional el cese de la consejera, sino también los comités de empresa de ambas provincias. Si el presidente mantiene a la consejera será cómplice de la situación. Para gestionar la dependencia hace falta alma, empatía, diálogo, escucha y conocimiento. A la Consejera le falta todo eso y le sobra soberbia”.
-El personal, que está en primera línea de esos cuidados, tampoco parece satisfecho.
“Totalmente. Los comités de empresa de ambas provincias han pedido el cese de la consejera y la directora general. El personal ha sido maltratado durante estos dos años de legislatura, el valor más importante que tiene esa Dirección General y la Consejería de Bienestar Social es, precisamente, esos grandes profesionales”.
–José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, ha señalado recientemente que la “manipulación” de los datos de dependencia en Canarias busca “tapar una realidad”.
“Él habla, abiertamente, de una “manipulación manifiesta” de las estadísticas para intentar confundir la realidad tan desastrosa y grave que tiene esta comunidad autónoma en la atención a la dependencia. Asegura que le resulta imposible pensar que se puedan modificar 9.0000 prestaciones. Habla de esa manipulación manifiesta que hace continuamente el Ejecutivo, cuando gobierna Coalición canaria, como ya lo hizo Inés Rojas , que también quitó 9.000 prestaciones del sistema, algo que estuvo en el Tribunal de Cuentas. La voz de José Manuel Ramírez es una voz autorizada y absolutamente objetiva”.
-Con todo esto: ¿qué salida le ve al problema de la dependencia en Canarias?
“Tiene que haber un cambio radical en la gestión. Desde el PSOE, los comités de empresa, incluso los colegios profesionales, se ha pedido el cese de la consejera y al directora general. Tiene que haber un cambio de rumbo total, de 180 grados, seguir así lleva a Canarias al peor momento histórico de la dependencia, algo que no podemos permitir”.
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