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Más zonas protegidas de Canarias bajo amenaza: la Guardia Civil investiga cerca de 45 construcciones ilegales

Se espera que el número de personas investigadas aumente
Investigan cerca de 45 construcciones ilegales en zonas protegidas de Canarias. Guardia Civil

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas investiga a una veintena de personas en la isla de Lanzarote como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio, en el marco de una operación dirigida por el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) para frenar la proliferación de edificaciones ilegales.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, se han llevado a cabo 42 inspecciones en construcciones ubicadas entre los municipios de Haría y Tías, donde se han detectado edificaciones con fines residenciales y recreativos en suelos protegidos, en los que este tipo de usos está prohibido.

Posibles sanciones

Las personas investigadas se enfrentan a posibles penas de prisión de uno a tres años, multas de 12 a 24 meses, y la obligación de demoler las construcciones y restaurar el terreno a su estado original.

La investigación cuenta con la colaboración de la Agencia Canaria del Medio Natural y del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Haría, lo que ha permitido avanzar en la localización y documentación de las construcciones irregulares.

Desde el EPRONA se señala que estas actuaciones ilegales pueden producir daños sobre el medio natural, comprometiendo zonas ambientalmente sensibles y espacios agrícolas del ecosistema insular. Las edificaciones inspeccionadas habrían generado alteraciones en áreas donde la normativa urbanística vigente prohíbe expresamente este tipo de intervenciones.

Habrá más investigados

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que, antes de adquirir terrenos o realizar actuaciones urbanísticas, deben consultar la viabilidad de los proyectos con los servicios municipales de disciplina urbanística o con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

El EPRONA continúa con las labores de investigación en Lanzarote, donde está prevista una segunda fase de inspecciones. En esta nueva etapa se espera que el número de personas investigadas aumente debido a la magnitud del problema detectado en la Isla.

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