Unos 150 vecinos de Lomo Negro se concentraron esta mañana frente al Ayuntamiento de Arona para exigir una solución definitiva a la situación de sus viviendas, construidas sobre suelo rústico. Es la segunda manifestación del colectivo frente al edificio consistorial en menos de un año, tras la más reciente protesta convocada la semana pasada para frenar los primeros derribos en el núcleo.
La movilización se produce días después de que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural decidiera posponer la demolición de dos viviendas, alegando a este periódico que “no se podía garantizar la seguridad de la intervención debido a la previsión de protestas”. El procedimiento quedó entonces en manos del juzgado de instrucción, mientras los vecinos solicitaban una reunión urgente con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Esta mañana, sin embargo, la protesta quedó marcada por la denuncia de varios asistentes, que aseguran que a la salida de Lomo Negro fueron desplegadas cuatro patrullas de la Guardia Civil, que procedieron a identificar a los vecinos antes de que se dirigieran a la manifestación. “Pidieron DNI, documentación de los vehículos… incluso a mi marido le hicieron abrir el maletero. A mí ni me pararon”, relató una vecina.
Los vecinos consideran desproporcionado el dispositivo de control y lo vinculan directamente con su participación en la protesta.
Un asentamiento ilegal frente a El Fraile
Lomo Negro es un asentamiento levantado junto al núcleo aronero de El Fraile hace más de una década sobre suelo no urbanizable. En él, residen unas 700 personas.
La Agencia Canaria notificó en octubre de 2024 las primeras órdenes de demolición a más de una veintena de viviendas. La reciente paralización es un respiro momentáneo, pero la incertidumbre persiste. Los vecinos insisten en que la única salida es política, y exigen una moratoria que frene los derribos y garantice estabilidad a las familias afectadas.
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