Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas alertaron del “colapso del sistema público de protección social” y la grave crisis estructural e institucional en los servicios sociales públicos y exigieron medidas urgentes al Gobierno.
Una representación del colectivo se reunió con la Diputada del Común para continuar denunciando el colapso en las valoraciones de dependencia y del grado de discapacidad o la Renta Canaria de Ciudadanía, mientras se muestran expectantes ante el desarrollo del primer mes tras la entrada en vigor del polémico decreto de valoración de la Dependencia.
Maitane Cabrera, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Tenerife, señaló al DIARIO DE AVISOS que “la realidad social en Canarias se ha ido transformando y ya no solo acceden a los Servicios Sociales aquellos ciudadanos que continúan en exclusión social o con falta de recursos, sino personas que necesitamos de apoyo en ayuda a domicilio para una madre que puede estar enferma o con un grado de discapacidad, a un compañero que tiene ELA, etc. Por tanto, exponemos en distintos foros, redes sociales, medios de comunicación y en reuniones los graves problemas en la dependencia, el grado de discapacidad, la Renta Canaria…, detrás de estos derechos sociales hay personas”.
Cabrera destacó que “echan en falta esa transformación del modelo” y, por supuesto, “abogamos por el aumento real en las plantilla y dejemos de ver esos planes de choque tan nombrados y que se estructuren y sean una realidad el aumento de la relación de puestos de trabajo para cumplir todos los plazos y el desarrollo que las leyes contemplan, entre ellas los seis meses que dice la norma para el reconocimiento del grado de Dependencia o los seis meses para el reconocimiento del grado de discapacidad, pero no se acompaña con la realidad”.
Cuestionada por la situación del sistema público de protección social en Canarias, Maitane Cabrera afirmó que “siempre vamos a estar al lado de la ciudadanía y llevamos años reclamando que sus derechos sean una realidad. Además, queremos que los problemas y las denuncias de los ciudadanos de que sus derechos sociales no llegan dejen de verse en los medios y en las redes. Queremos que de una vez por todas se cumplan esos derechos que están ya aprobados. ¿Cuántos años lleva ya la Ley de Dependencia? Por favor. Reclamamos una solución a esta emergencia supercompleja”.
Sobre las 13.900 personas que se encuentran actualmente en el limbo de la dependencia, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife señaló que “hay una situación que hay que resolverla porque esos expedientes vienen del anterior decreto con el modelo bifásico y desde el pasado 27 de mayo entramos en el nuevo decreto. Detrás de esas cifras hay personas, hay fallecidos esperando por sus derechos y, por desgracia, quedan familias que están agonizando en sus casas, en situaciones muy duras, y que también se suman a las Urgencias sanitarias que quizás, con una buena atención domiciliaria y con esa estructura que demandamos para esas familias, quizás no tendrían que acudir a esas urgencias”. Por tanto, los trabajadores sociales demandan “más prevención para evitar esas situaciones familiares y que se pongan sobre la mesa los medios humanos necesarios para dar la calidad que queremos, porque al final vamos a necesitar el sistema público de servicios sociales”.
En el primer mes de vigencia del modelo monofásico, Cabrera afirmó que “no podemos hacer todavía una evaluación de la aplicación del nuevo decreto. Pero desde los Servicios Sociales de los pueblos, la Atención Primaria y el Tercer Sector se está atendiendo a los ciudadanos con el modelo de solicitud nuevo y se está notando una sobrecarga a la hora de pedir la Ley de Dependencia”. Además, ante los cambios en la tramitación, “demandaron una formación previa para todos los que estamos en primera línea atendiendo a las personas. Los profesionales nos trasladan que se hay datos que están complicando mucho y ralentizando las solicitudes de los ciudadanos”.
Mientras, sobre la desaparición del informe elaborado por el trabajador social, Cabrera aseguró que “el informe social es fundamental para nosotros y los ciudadanos, para ofrecer la calidad en la atención y el plan individual de atención (PIA). No lo decimos nosotros, también lo dicen los diferentes estudios y el desarrollo reglamentario”.
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