El incentivo fiscal de la RIC al alquiler podría sacar al mercado 10.000 viviendas en Canarias

El Gobierno de Canarias espera que la decisión de permitir que los beneficios empresariales acogidos a la tributación reducida de la RIC se puedan invertir en construir o rehabilitar viviendas destinadas al alquiler residencial ayude a sacar al mercado unas 10.000 casas en los próximos años. En unas declaraciones realizadas ayer en Agüimes, Fernando Clavijo explicó que, en teoría, daría para sacar al mercado hasta 40.000 casas. El presidente precisó, no obstante, que esa cifra de máximos es “muy poco probable”, porque implicaría que todo el dinero ahora acogido a la reserva se reinvertiría en viviendas.

La medida aprobada el miércoles en el Congreso excluye expresamente del beneficio de la RIC a la reinversión en vivienda vacacional o de alquiler turístico y orienta ese instrumento fiscal hacia el alquiler de vivienda habitual. “Yo creo que esto le va a dar un empuje [al mercado de la vivienda], junto a otras que hemos ido aprobando de la mano de la Federación Canaria de Municipios” para agilizar las licencias y conseguir suelo destinado a alquiler, añadió Clavijo. El mandatario autonómico confía en que “el empujón” fiscal de la RIC se note; fundamentalmente, en el tramo de precios de alquiler “asequible” para la clase media.

No opinan lo mismo en Nueva Canarias-Bloque Canarista. A su juicio, la reinstauración del uso de los fondos de la RIC en vivienda libre beneficia más a los inversores que a los demandantes de un alquiler asequible. La diputada Carmen Hernández se muestra muy crítica, al aseverar que supone “la consagración de la apuesta del Gobierno de CC y el PP por la especulación, ya que no se asegura la función social de la residencia”.

La reforma del REF “facilitará la utilización de los más de 2.000 millones no invertidos de la RIC en adquirir, rehabilitar o construir inmuebles del mercado libre siempre que se destinen al arrendamiento asequible de la vivienda habitual al menos durante cinco años”. Avisa de que “no se fijan criterios de precios máximos o control de rentas, lo que no garantiza un alivio de la demanda real”.