La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado hoy una clara llamada de advertencia tras difundir, en su perfil oficial de X, los pormenores de un caso flagrante de fraude con una tarjeta PMR (Personas con Movilidad Reducida) usado de forma indebida.
La novedad de este caso es que el documento había sido alterado para modificar la fecha de caducidad y estaba expedido a nombre de una persona ya fallecida.
Los agentes constataron que la tarjeta presentada no solo tenía la fecha retocada, sino que pertenecía a una persona finada, lo cual agrava la infracción.
El perfil policial en X ha sido claro en su mensaje: el uso fraudulento de documentos oficiales no sólo trae aparejada una multa —esta vez de 1.000 €—, sino también otras posibles responsabilidades legales.
Usó una tarjeta PMR manipulada en #LPGC, alterando la fecha de vencimiento, además el titular de la misma había fallecido.
— Policía Local LPA (@PoliciaLPA) June 13, 2025
La justicia le ha impuesto una multa de 1.000 €.
El uso fraudulento de documentos públicos tiene consecuencias legales.#RespetoPMR pic.twitter.com/eCObvtrAIb
¿Qué dice la ley?
El uso fraudulento de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) puede conllevar sanciones administrativas y penales en España.
Por vía administrativa, el Real Decreto 1056/2014 y las ordenanzas municipales establecen multas que pueden llegar hasta los 1.000 euros por la falsificación o manipulación de estos permisos.
En el ámbito penal, el Código Penal (artículos 390 y 392) castiga la falsedad documental en documento público con penas de prisión de hasta seis años y multas económicas adicionales.
Además, el uso de un documento alterado o expedido a nombre de un fallecido agrava la conducta, pudiendo incluso considerarse usurpación de estado civil en casos extremos (artículo 401 del Código Penal).
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