Los litigios se disparan en Canarias y amenazan con colapsar más los juzgados

A pesar de que la ciudadanía y los trabajadores de la administración de Justicia en Canarias siguen padeciendo una crisis sistémica por la falta de sedes suficientes en la provincia tinerfeña mientras que, felizmente, la de Las Palmas recibe hasta galardones por lo contrario, los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias, lo cierto es que la enorme litigiosidad que se registra en los tribunales isleños sigue siendo incluso el peor obstáculo para que los vecinos y vecinas sean atendidos debidamente en un servicio público tan esencial como es la protección de sus derechos.

Lo peor de todo es que, lejos de amainar tras esa tormenta perfecta que suponen los cinco largos años en que este Archipiélago es la Comunidad Autónoma con más pleitos de toda España, el arranque del año en curso no solo apunta a un posible cambio de tendencia, sino todo lo contrario, habida cuenta que la nueva entrega de las estadísticas que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el primer trimestre desvelan en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) un total de 143.076 asuntos, lo que implica nada menos que un 27,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Al combinarse con la citada falta de medios, es obvio que un crecimiento tan insostenible de la litigiosidad amenaza con terminar colapsando no pocos juzgados isleños, pese a que la respuesta de los operadores jurídicos en absoluto es mala; a tal punto que resolvieron 119.246 litigios (un 12,0% más que en el invierno de 2024). Pero, claro, es tal la avalancha de entradas que el resultado final es harto preocupante, dado que quedaron en trámite de resolución un acumulado de 271.337 litigios (un 25,4% más que en el primer trimestre de 2024).

Para hacerse una idea general de lo que sucede, y siempre según datos difundidos ayer por el Servicio de Estadística del CGPJ y facilitados desde el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Archipiélago volvió a ser en el primer trimestre de 2025 -como ya lo había sido en los cinco años anteriores- el territorio del Estado donde más se litigó: 63,91 pleitos por cada 1.000 habitantes, 16,64 más que la media del Estado (47,07) y 12,95 más que la segunda en el escalafón, la comunidad de Madrid, que computó 50,99 litigios por cada 1.000 habitantes.

Sobre dónde están peor las cosas, hay que reseñar que, en el ámbito de la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las Islas registraron entre enero y marzo de 2025 un total de 76.966 asuntos (un 50,5% más que en el invierno del año anterior), resolvieron 55.264 (un 17,9% más) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre un acumulado de 180.046, un 30% más que al final de marzo de 2024.

En el orden penal, se computaron 51.065 asuntos nuevos (un 4,9% más), se resolvieron 50.878 (un 4,9% más) y quedaron en trámite de resolución a final de año 49.647 casos, un 7,4% más que en el mismo periodo de 2024.

En la contencioso-administrativa se abrieron 6.572 procedimientos (60,5% más), se resolvieron 4.822 (un 63,8% más) y quedaron pendientes 18.105 (89,4% más).

Mientras que en lo social se incoaron un total de 8.473 procesos (un 5,7% más), se resolvieron 8.282 (un 1,1 más) y se dejaron en trámite a fin de año 23.539, un 6,5% más.

Barreto informa a los operadores y al CGPJ de la futura Ciudad de la Justicia

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, informó ayer a los vocales del Consejo General del Poder Judicial delegados para Canarias, Inés Herreros y José Antonio Montero, de la situación urbanística de Cabo Llanos y la suspensión del planeamiento, en lo que afecta a la construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife. A la reunión asistieron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado; el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de Léon.

El encuentro también permitió que la Consejería comunicara los plazos de adecuación del edificio Auditorio, que se compró en diciembre de 2023 y cuyo proyecto se encuentra en licitación, y que permitirá ubicar diversos juzgados de la capital tinerfeña.
Además, la consejera trasladó a los vocales del CGPJ las posibles soluciones ante el problema de falta de espacio en el juzgado de Violencia en la Ciudad de la Justicia.