Barreto reconoce que Tenerife no tendrá Ciudad de Justicia: “Ni en dos, ni en cuatro ni en cinco años”

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, reconoció ayer en el Parlamento de Canarias que la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife “no estará ni en dos, ni en cuatro ni en cinco años”, porque supone “una operación urbanística complicadísima” que incluye la suspensión del planeamiento de la ciudad, que ya ha adelantado que, “con toda seguridad”, no estará lista en 2025.

Ello implica que los tinerfeños se vean condenados a seguir padeciendo las consecuencias de la falta de sedes judiciales en la Isla al menos hasta la próxima década, pese a que las carencias repercuten ya en la ciudadanía a un nivel tal que hasta a las víctimas de violencia de género no les dan ni agua -literalmente- cuando pasan por el siempre traumático trance de ir a declarar a los juzgados, donde incluso corren el riesgo de cruzarse en los pasillos con sus presuntos agresores, tal y como ha denunciado DIARIO DE AVISOS.

Se ha intentado buscar suelo en la ciudad para construir la Ciudad de la Justicia, pero “no hay suelo disponible ahora mismo”, así que se sigue trabajando en la suspensión de planeamiento acordada en 2022 para todo el ámbito del entorno del actual edificio judicial, en la avenida Tres de Mayo, explicó la consejera en comisión parlamentaria en respuesta a la diputada del PP Mónica Muñoz.

Nieves Lady Barreto aseguró que hace dos legislaturas el Gobierno ofreció la posibilidad de trasladar toda la Ciudad de la Justicia fuera del entorno de Tres de Mayo, pero “no pudo ser, por distintas razones”, en evidente alusión al rechazo de los operadores jurídicos, liderados por los jueces y magistrados, a la alternativa de ser trasladadas sus sedes a otra zona de la capital que también implicaba enormes transformaciones urbanísticas, al carecer de las ventajas que ofrece su ubicación actual.

La solución alternativa es “muy complicada de desarrollar”, reconoció Barreto, porque, ante la imposibilidad de la Consejería de llegar a un acuerdo para la adquisición de un solar privado, pasa por una suspensión de planeamiento municipal en todo el entorno del actual edificio judicial. “Se trata de una suspensión complicadísima” y, además, con el inicio del plan Santa Cruz Verde 2030, “se ha decidido que el problema de movilidad se traslade ahí”, detalló Barreto antes de añadir que la suspensión de planeamiento podría acabar en los tribunales, lo que supondría “un retroceso aún mayor”.