Por primera vez desde 2021, los alcaldes de los nueve municipios del Sur -los ubicados antes de los túneles de Güímar (Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona,Vilaflor de Chasna, San Miguel, Granadilla de Abona, Arico y Fasnia)- se han reunido para retomar un frente común ante varios problemas de ámbito comarcal que, aunque se arrastran desde hace años, siguen sin solución.
Las demandas del “eneágono sureño” son viejas conocidas: el desbloqueo del Hospital del Sur, los problemas de movilidad, la modernización del aeropuerto o el colapso del puerto de Los Cristianos. Sin embargo, en la reunión celebrada este jueves en Playa de Las Américas -con el compromiso de repetir el encuentro próximamente en Vilaflor con motivo del aniversario del santo Hermano Pedro- el foco se desplazó hacia un problema que afecta a todos por igual y que crece sin freno: los asentamientos irregulares.
Lejos de tratarse de casos puntuales, los regidores coinciden en que se ha convertido en una “realidad generalizada”, con impacto directo en el entorno natural, la planificación urbanística y la cohesión social. Cuevas, barrancos y suelos protegidos se están ocupando de forma progresiva.
En este escenario, los alcaldes sureños han alzado la voz reclamando refuerzos técnicos, colaboración interadministrativa y una acción conjunta que ponga freno a un fenómeno que ya afecta por igual a todos los municipios de la comarca.
UN FENÓMENO CON VARIAS CAUSAS
El fenómeno de la parcelación ilegal de fincas rústicas, especialmente en suelos con algún tipo de protección ambiental, lleva años extendiéndose por varios municipios del sur de Tenerife y Gran Canaria. Este tipo de prácticas ha llamado la atención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ha intensificado su seguimiento en las zonas más afectadas.
Solo en 2024, en el núcleo de Las Zocas, en San Miguel de Abona, se abrieron 19 expedientes relacionados con este tipo de infracciones. La proliferación de estas actuaciones ilegales se atribuye, en parte, a la especulación del suelo y al caos habitacional que afecta a las Islas.
Sin embargo, no todos los responsables municipales coinciden en señalar la falta de vivienda como la única causa. Algunos alcaldes advierten de un problema más estructural: el crecimiento acelerado de la población, junto con la ausencia de una planificación territorial efectiva, ha dado lugar a una tormenta perfecta. La falta de respuesta institucional, la escasez de oferta habitacional y la presión sobre los servicios públicos explican en parte el auge de este fenómeno.
En el caso de la venta de parcelas irregulares para su disfrute como vivienda, el modus operandi es similar en ambas Islas: primero, los promotores adquieren fincas rústicas -con restricciones severas debido a su valor ambiental- a precios bajos. Luego las dividen en parcelas perfectamente delimitadas y las venden a precios mucho más altos, aprovechando el desconocimiento o la creencia errónea de los interesados de que las construcciones podrán legalizarse en un futuro mediante prescripción urbanística.
Las consecuencias legales son graves. Las autoridades competentes, en especial la Agencia Canaria de Protección Natural, pueden ordenar la demolición de las edificaciones y la restauración completa del entorno natural alterado. Además, los implicados se enfrentan a sanciones administrativas y, en algunos casos, a procesos judiciales.
Actividad especulativa
Uno de los regidores que más ha alzado la voz, incluso mandando un alegato desde este periódico, es el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González.
Uno de los puntos que más pone el acento es en la dimensión económica del problema. Asegura que, en muchos casos, no se trata de una necesidad habitacional real, sino de una actividad especulativa: “La escasez de vivienda no es el motivo principal. Se venden construcciones ilegales por debajo del precio de mercado, lo que resulta atractivo para compradores que desconocen la legalidad del uso del suelo”.
González subraya que el problema no se resolverá sin “una aplicación estricta de la legislación” y un refuerzo técnico específico, ya que, actualmente, “nuestro personal actual no da abasto; necesitamos un equipo dedicado exclusivamente a esta problemática”.
Desde Arona, uno de los municipios más afectados por este fenómeno, la alcaldesa Fátima Lemes ofrece una visión distinta. En este municipio se encuentra el asentamiento ilegal de Lomo Negro, construido sobre suelo agrícola y con más de 700 residentes. Pese al impacto urbanístico y medioambiental, la urbanización ha evitado, por ahora, su demolición.
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Para ella, el principal motor del fenómeno es el crecimiento demográfico acelerado de la comarca: “Es simple. La demanda actual de vivienda ha superado ampliamente a la de la oferta. Hay personas que no encuentran un lugar digno donde vivir”. Lemes defiende que “es urgente poner en marcha políticas de vivienda pública y facilitar la promoción privada para frenar la expansión de asentamientos en zonas sensibles”. Mientras tanto, recientemente y desde hace varios meses, su municipio ya mantiene inspecciones y reuniones periódicas con la Agencia de Medio Ambiente.
Granadilla de Abona es uno de los municipios que más ha incorporado la lucha contra los asentamientos ilegales en su agenda política. En los últimos años, ha llevado a cabo un seguimiento constante de este fenómeno, especialmente en zonas críticas como los barrancos del Hermano Pedro y Los Balos, en El Médano, donde se hayan dos asentamientos de más de 100 personas, así como en La Mareta y el Charco del Clérigo, en Los Abrigos.
En este último enclave, el Ayuntamiento, en colaboración con la Guardia Civil y el Servicio Provincial de Costas, procedió en 2024 al desalojo de 45 asentamientos irregulares. Además, el grupo de gobierno ha intensificado su coordinación institucional: recientemente se celebró una reunión con la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, con el objetivo de reforzar la respuesta ante una problemática que se extiende sin control por los abruptos barrancos del municipio.
El alcalde José Domingo Regalado combina ambas visiones de los regidores y va un paso más allá al asumir la coordinación comarcal de futuras acciones. “No podemos permitir que personas vivan en cuevas o barrancos, pero tampoco podemos tolerar el daño ambiental”, afirma. Su estrategia incluye tanto la erradicación de asentamientos como la búsqueda de soluciones habitacionales, y ha liderado la creación de una mesa técnica intermunicipal que elaborará un informe conjunto para remitir a las administraciones autonómicas y estatales.
Un problema endémico
Pese a las diferencias de matiz, los tres alcaldes coinciden en que el fenómeno ha crecido de forma sostenida y ya se encuentra superando las capacidades locales. Si no lo había hecho hace tiempo. Todos mencionan la necesidad de coordinación con la Agencia de Protección del Medio Natural o el Seprona, además del refuerzo urgente del personal técnico municipal y de la ya impostergable necesidad de crear vivienda. También coinciden en que los procesos sancionadores y judiciales actuales “son extremadamente lentos y poco disuasorios”, lo que genera una sensación de impunidad y un “efecto llamada” entre quienes buscan sacar provecho económico del suelo rústico.
Un cóctel explosivo de factores que ha abierto la puerta a este tipo de prácticas en la comarca, ya sea como recurso desesperado para algunos o como una oportunidad especulativa para otros.
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