justicia y tribunales

La ONG investigada por presuntos malos tratos a menores migrantes es la misma que alquiló el centro ‘fantasma’ en Santa Úrsula

La justicia ha ordenado este jueves la clausura de las instalaciones ubicadas en Agüimes (Gran Canaria) y la detención de dos personas
La ONG investigada por presuntos malos tratos a menores migrantes es la misma que alquiló el centro 'fantasma' en Santa Úrsula
La ONG investigada por presuntos malos tratos a menores migrantes es la misma que alquiló el centro 'fantasma' en Santa Úrsula. DA

La Policía Autonómica Canaria registró en la mañana de este jueves, por orden del juzgado de Infancia y Adolescencia, dos centros de acogida para menores migrantes en Gran Canaria gestionados por la ONG Quórum Social 77, y detuvo a dos personas.

Se da la circunstancia de que esta es la misma entidad que, tal y como avanzó en exclusiva DIARIO DE AVISOS en junio de 2024, alquiló un centro para gestionar, para el Gobierno regional, la acogida urgente de un centenar de niños migrantes no acompañados. No obstante, pese a estar totalmente equipado, nunca llegó a abrir sus puertas para tal fin.

Otro centro cerrado en Santa Brígida

Tras la intervención de las autoridades, el juez ordenó el cierre de una de las instalaciones, ubicada en Agüimes y con 148 usuarios, en el marco de una ampliación de las investigaciones sobre los recursos de acogida que la asociación gestiona para el Ejecutivo canario.

Esta situación deriva de la denuncia que ya provocó en mayo la clausura de otro centro, con capacidad para 45 menores, en Santa Brígida, por presuntos malos tratos que podrían constituir delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos contra la integridad moral y amenazas.

El extraño caso de Santa Úrsula

La posible apertura de un centro para menores migrantes en Santa Úrsula generó polémica vecinal y política durante meses, aunque nunca llegó a ponerse en marcha. El proyecto, impulsado también por Quórum Social 77, fue finalmente descartado tras un informe técnico desfavorable del Ayuntamiento, que alegó que el uso residencial no era compatible con el local, un antiguo gimnasio.

Además, el Gobierno de Canarias confirmó que no había previsto dicho recurso. A pesar de ello, la ONG acondicionó las instalaciones y recibió subvenciones públicas, lo que aumentó la controversia. Finalmente, comenzó a desmantelar el centro, que contaba con más de 2.600 metros cuadrados equipados para acoger a un centenar de menores.

Clavijo: “Esto podía ocurrir”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, lamentó lo ocurrido este jueves. “Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir, y esperemos que sean solo estas”, afirmó.

Asimismo, expresó la absoluta colaboración del Ejecutivo regional para esclarecer todos los detalles del caso, al tiempo que trasladó su “máxima preocupación” ante una posible vulneración de los derechos de los menores.