A escasos metros de la TF-1, junto a Guaza, en Arona, emerge entre muros, lonas, piedras y plásticos un asentamiento que crece en silencio, sin planificación ni control. Se le conoce como Los Vivitos, una zona irregular que ha ido tomando forma sobre suelo agrícola no urbanizable y que, a día de hoy, supera los 300.000 metros cuadrados de extensión.
Los Vivitos no es un caso aislado. Es el último reflejo de un fenómeno creciente en el Sur: la ocupación informal de suelo rústico, con estructuras precarias, chabolas y viviendas improvisadas, fruto, en buena parte, del colapso del mercado de la vivienda en zonas de fuerte presión turística, la inoperancia administrativa y la desafección ambiental.
Los Vivitos comparte algunas similitudes con Lomo Negro, otro asentamiento irregular del municipio de Arona que, desde hace años, ha estado en el foco público. Sin embargo, existen diferencias clave.
Mientras que Lomo Negro presenta cierto grado de consolidación urbanística, con calles acondicionadas, suministro de servicios e incluso una estética cuidada, Los Vivitos apenas cuenta con construcciones mínimas. Aquí no hay vallas, ni edificaciones, ni mucho menos una estructura de casas consolidadas; sólo parcelas agrícolas ocupadas, chabolas dispersas y una notable precariedad material.
Este caso, presuntamente, no responde a una trama especulativa ni a un intento de urbanizar suelo rústico con fines lucrativos. Los indicios apuntan, más bien, a una respuesta desesperada ante la falta de vivienda asequible, especialmente para personas locales o con pocos recursos.
El caso de Los Vivitos no es único. El fenómeno se repite, y con más frecuencia, en diversas zonas del Sur: barrancos, laderas, zonas agrícolas, cuevas…
MÁS CASOS QUE EN 2024
Según datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, solo en los primeros cinco meses de 2025 se han iniciado 524 expedientes por infracciones urbanísticas, superando ya los 481 registrados en el mismo periodo de 2024. La tendencia es clara: crecen los asentamientos y aumenta la presión sobre el territorio.
Montserrat Ortega, directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, subraya que los asentamientos irregulares como el de Los Vivitos no encajan en la categoría tradicional de infracción urbanística. “No hablamos de edificaciones consolidadas o estructuras permanentes, sino de ocupaciones que en muchos casos responden a factores sociales, económicos e incluso culturales”, explica.
“Hay que diferenciar claramente entre las parcelaciones con obras y calles, que sí son competencia de la Agencia, y estos casos, que exigen una intervención municipal”.
En este sentido, se han iniciado reuniones con ayuntamientos como los de Arona y Granadilla, el Cabildo y la Policía Canaria, con el objetivo de compartir datos, establecer criterios y definir un marco de actuación conjunto.
“Estos casos no pueden tramitarse como si fueran construcciones en suelo rústico ordinario. Hay un componente humano que no puede obviarse”, concluye.
DIMENSIÓN CULTURAL EN LOS VIVITOS
Además, señala que en algunas épocas del año los asentamientos se vacían, lo que refuerza la idea de que en parte se trata de ocupaciones ocasionales o de segunda residencia.
“En muchos casos, no se trata solo de pobreza, sino de falta de alternativas reales. Y también hay una dimensión cultural y estructural: personas que se han acostumbrado a vivir fuera del sistema, en lo que podría llamarse una economía informal de la vivienda”.
El Eneágono Sureño, una entente integrada por los alcaldes de los nueve municipios del Sur, puso recientemente el foco en esta problemática. Coinciden en que esto ya no es un problema puntual, sino una realidad estructural.
LA EXCEPCIÓN GRANCANARIA
En junio de este mismo año, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó por unanimidad una moción para declarar el sinhogarismo como una emergencia social estructural. El acuerdo contemplaba la creación de un equipo técnico multidisciplinar encargado de elaborar un diagnóstico real y un censo detallado, como primer paso hacia un Plan Municipal de Rehabilitación del Sinhogarismo.
Como parte de esa estrategia, se propone la identificación de las personas que ocupan suelo irregular, diferenciando entre quienes carecen de vivienda por motivos económicos y quienes lo hacen voluntariamente para residir en zonas como barrancos o parcelas desocupadas
El plan también contempla medidas de reubicación o desmantelamiento si la ocupación se considera ociolúdica o voluntaria.
La intención es actuar caso por caso: regularizar cuando sea necesario, apoyar socialmente y, si no hay razones justificadas, proceder a la retirada ordenada de las estructuras.
Esta modalidad es similar a lo sugerido en los ayuntamientos de las capitales de provincia.
Con todo esto sobre la mesa, el caso de Los Vivitos y el auge de los asentamientos irregulares reflejan un fenómeno en expansión.
Como en otros puntos de la Isla, estas ocupaciones evidencian las grietas de un modelo territorial que sigue sin respuestas claras ni soluciones estructurales
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