La crónica carencia de sedes judiciales que sufre desde hace décadas tanto la ciudadanía como los operadores jurídicos en Santa Cruz de Tenerife ya es de tal calibre que hasta las víctimas de la violencia machista carecen de servicios elementales, además de que si en la mayoría de las ocasiones no se ven obligadas a coincidir físicamente con los presuntos agresores es gracias a los auténticos malabares que tienen que hacer los funcionarios para evitarlo.
Como ha podido comprobar DIARIO DE AVISOS, y ha denunciado reiteradamente Intersindical Canaria, literalmente no les dan ni agua, como tampoco tienen un acceso directo a un servicio (con lo que ello conlleva en el caso de la mujer denunciante acuda con hijos pequeños o incluso bebés, algo nada infrecuente) y ni siquiera se ha instalado en las salas destinadas a tal fin algo tan práctico y adecuado para esperas de estas características como una máquina de ‘vending’ (expendedoras que dispensan bebida y alimentos).
Centramos el análisis de estos hechos en el Palacio de Justicia tinerfeño, donde la reciente comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer ha agravado considerablemente esta desatención, dado que ahora se centralizan en Santa Cruz de Tenerife todos los casos denunciados no solo en el propio partido judicial capitalino, sino también los correspondientes a los de La Laguna y Güímar.
Allí, en la primera planta y junto a los dos juzgados especializados existentes, hay una sala para las víctimas en la que, como se anticipó, no cuenta ni con algo tan básico como una botella de agua, acceso directo a un baño o una simple máquina expendedora.
A todo ello hay que sumar dos datos más nada baladíes: en todo el Palacio de Justicia tinerfeño no hay ni un solo punto de suministro de agua potable en a actualidad y, lo que es peor, si se ven obligadas a acudir a los baños comunes existentes, corren el riesgo de cruzarse con los presuntos agresores, que tienen que esperar en una zona común (por llamar así a una fila de sillas fijadas al suelo) ubicada tras el angosto pasillo que conduce a esos dos juzgados.
Con la comarcalización todo va incluso a peor, tal y como vuelve a denunciar el portavoz de Justicia en Intersindical Canaria, David Ortuño. Ello se debe a que, con el significativo aumento de casos, a veces la sala ya descrita se llena al juntarse hasta una docena de mujeres y menores, lo que por otra parte tampoco es que ayude precisamente a las personas que se ven sometidas a un trance tan doloroso y perturbador como el que nos ocupa.
Lo cierto es que el remedio agrava todavía más su situación, porque las que ya no caben en la primera sala son desviadas a otra existente en una zona mucho más distante de los juzgados en los que tienen que declarar, como es (según consta en un cartel situado junto a su puerta) la Sala de oficina de asistencia a las víctimas de delito, cabe entender que en este caso prevista para víctimas de todo tipo de delitos.
Aquí se repiten las carencias de la primera: tampoco te dan ni agua. Pero, además, está en la planta baja y, en cierto modo, en el otro extremo del Palacio, lo que tiene una consecuencia nada deseable para las víctimas de violencia machista, porque el riesgo de cruzarte físicamente con los presuntos agresores se multiplica, al tener que atravesar varias zonas comunes durante el recorrido hasta las oficinas judiciales propiamente dichas y, desde luego, las condena inexorablemente a pasar por el angosto pasillo ya mencionado.
Desde Instersindical, David Ortuño recuerda que todo ello vulnera la “Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada en 2002 por unanimidad en el Congreso, concretamente en su punto 11, donde se dispone que el ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible, pero también -tras la comarcalización- el 10 (“El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad”).
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