Auxiliadora Díaz, jueza de violencia de género en Canarias: “Un maltratador nunca puede ser un buen padre”

La violencia de género continúa copando los titulares en los medios de comunicación con asesinos que deciden acabar con la vida de sus parejas y sus hijos. El número de víctimas mortales que ha dejado esta lacra social en lo que va de año asciende a 20 y el sistema VioGén registra en la actualidad más de 6.000 casos activos en Canarias. La cuarta comunidad del país con un mayor número de alertas, solo por detrás de Andalucía, Valencia y Madrid.

Una realidad que conoce muy bien Auxiliadora Díaz, que es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y presidenta del Observatorio Iberoamericano sobre Violencia de Género.

Durante una entrevista concedida al programa Atlántico Interviú, en Atlántico Televisión, se ha mostrado tajante al afirmar que “la paternidad biológica no da derecho a tener relación con los hijos” porque “un maltratador nunca puede ser un buen padre”. La experta defiende en cada respuesta la igualdad plena, real y efectiva entre hombres y mujeres.

-¿Cómo es el día a día que se vive en los juzgados?

“Ser la cuarta comunidad con el mayor número de denuncias por violencia de género implica un punto de vista positivo porque supone que las mujeres se han decidido a manifestar que, efectivamente, están viviendo en un clima de violencia y solicitan una protección para ellas y sus hijos. Por ello, es necesario establecer un mayor número de medios tanto de carácter material como de carácter personal con una formación determinada en un juzgado tan específico y fundamental que se diferencia del resto de órganos en el ámbito penal”.

-En los últimos años, se ha observado un aumento de víctimas menores de 18 años ¿Por qué sucede esto?

“Creo que esto tiene que ver con la manipulación a través de las tecnologías, donde destacan los estereotipos del hombre fuerte y la mujer sumisa, incluso, influencias en distintos tipos de música, es decir, determinados patrones que están calando en la juventud. En los juzgados, estamos observando un retroceso, en relación a los derechos de la mujer, sin olvidar a aquellas voces de carácter político que intentan negar la violencia de género y ese mensaje ha sido asumido por una parte de la sociedad”.

-¿Cómo valora que ciertas formaciones políticas, que banalizan e incluso niegan la violencia machista, ocupen cargos públicos?

“Me da mucha pena que se niegue esta violencia cuando existen datos totalmente objetivos. Desde 2003, año en que comenzaron a registrarse estos casos, llevamos 1.302 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Estas formaciones intentan confundir el mensaje y advertir a los hombres de que se encuentran en peligro frente a mujeres que se puedan aprovechar. Esto me parece terrorífico porque la lucha no es contra el hombre, sino contra el hombre maltratador”.

-¿Existe algún perfil de maltratador, es decir, una serie de características de la personalidad que pueda alertar a las mujeres?

“Según los informes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, se trataría de un hombre de entre 35 y 50 años, heterosexual y blanco. No suele tener problemas con el consumo de drogas o alcohol, como se suele justificar. Basta con que considere que las mujeres somos inferiores y le debamos sumisión y obediencia, tal y como recogía antes el Código Civil”.

-En 2024 se alcanzó la mayor cifra de violencia vicaria desde que existen registros, con un total de 9 niños asesinados.

“La sociedad es totalmente tolerante con este tipo de violencia. Hace unos años, en 2016, empecé a afirmar que el maltratador no puede ser un buen padre, pero la sociedad sigue entendiendo que la sola paternidad biológica permite a cualquier persona estar en contacto directo con niños y niñas. El interés superior del menor es que este viva en un clima libre de violencia y no relacionándose con un padre violento. Si estamos hablando de una persona que ha sido condenada o se le ha impuesto una orden de alejamiento no puede mantener contacto con sus hijos. La sociedad desconoce el impacto negativo de la violencia de género en el desarrollo de la personalidad de los menores, que acarrea futuro problemas de salud mental o, incluso, una transmisión intergeneracional de esa violencia, entendiendo que esa es la forma normal de relacionarse en pareja”.

-En Canarias vivimos la cara más cruda de esta violencia con el caso de Anna y Olivia, y ya a nivel nacional con Gabriel, Ruth, José… ¿Cómo desempeña un juez su trabajo en medio de tanta vorágine y exposición mediática?

“Cuando un caso está en los juzgados no se puede hacer ningún tipo de manifestación sobre la violencia vicaria. Esto surge en primer lugar con la señora Ángela González Carreño allá por el año 2014 cuando, a principios de siglo, nos encontramos con que fue asesinada su hija de siete años mientras realizaba una visita a su padre agresor. La madre presentó su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer alegando que las acciones de las autoridades judiciales constituían una violación de su derecho y, por tanto, exigía una responsabilidad. El proceso tardó casi diez años, pero finalmente le dieron la razón. Ella fue la impulsora de las modificaciones que se han establecido en nuestra legislación interna para que no nos tiemble la mano y protejamos a esos menores del clima de violencia. La sociedad piensa que la paternidad biológica da derecho de por vida a tener relación con los hijos y eso no es así”.

-Editoriales y productoras han querido sumarse al fervor de las historias basadas en crímenes reales, aportando incluso los testimonios de personas condenadas. ¿Qué opinión tiene al respecto?

“Estoy totalmente en desacuerdo. Si hablamos del caso Bretón, mi opinión personal -no como jueza- es que es una forma de tortura porque sigue ejerciendo violencia sobre su exmujer Ruth. Y no solo por causar el mayor daño posible a una madre, perdiendo a sus hijos de esa manera tan violenta por parte del padre, sino porque, a día de hoy, se siguen escuchando ecos. Es una forma más de ejercer violencia”.

-¿Por qué denuncian solo un 11 por ciento de las víctimas de agresiones sexuales?

“Por una falta de conciencia social. La tolerancia que existe al entender que la víctima de un delito contra libertad sexual reúne una serie de requisitos. En el caso de La Manada, la víctima también fue juzgada públicamente por intentar mantener una vida normal, a pesar de que la agresión había sucedido. También se ha debatido mucho sobre por qué las víctimas de estos delitos tardan tanto en denunciar. El Tribunal Supremo tuvo que decir en 2018 que denunciar con los años no resta credibilidad a la víctima, ya que una persona que ha sufrido violencia sexual tarda más tiempo en asimilar lo que ha ocurrido. Por ello, se ha establecido el periodo de hasta 35 años para interponer la denuncia”.

-¿Cree que el propio sistema judicial contribuye a la revictimización con numerosos interrogatorios y procesos judiciales prolongados en el tiempo?

“Estoy de acuerdo en que se revictimiza a una mujer si tiene que declarar en repetidas ocasiones. En la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia se estableció que la víctima acudiera una sola vez. Sin embargo, esto no ocurre con las víctimas mayores de edad, que debe estar en el acto plenario con el derecho de defensa. Eso no impide que llevemos a cabo determinadas acciones para evitar esa revictimización, como poner a la mujer en otro espacio diferente de donde se desarrolla el procedimiento judicial e, incluso, solicitar el apoyo de psicólogos”.

-El perfil de los agresores sexuales ha cambiado. Ahora son más jóvenes y emplean un mayor grado de violencia y humillación hacia las víctimas.

“Tiene una íntima relación con la pornografía, que es libre, gratuita y subvencionada. Los jóvenes consideran que esa es la forma en la que tienen que actuar cuando tienen contactos íntimos. Según los últimos estudios, los niños acceden por primera vez a la pornografía con tan solo 8 años. El Pacto de Estado habla de la necesidad de que el pin parental también se encuentre en los espacios públicos porque el problema es que, a pesar de que nuestro hijo está controlado, puede acceder mediante otros dispositivos que no tengan esa barrera. Al final, accede de una u otra manera. La pornografía produce un grave daño emocional y psicológico a los menores, ya que se trata de una escuela que enseña a ejercer la violencia sexual”.

-De hecho, el Estado baraja la posibilidad de identificación mediante DNI antes de acceder a contenidos pornográficos para restringir el uso a menores. ¿Es posible legalmente?

“Desde el punto de vista tecnológico no sé cómo se podrá realizar, pero lo que está claro es que el Pacto de Estado establece que es necesario llevar a cabo una verificación de la mayoría de edad del usuario para acceder a la pornografía, así como la exigencia de acordar medidas cautelares para que determinadas personas no puedan consumir este tipo de contenidos”.

-Es presidenta del Observatorio Iberoamericano contra la Violencia de Género. ¿Podría explicar en qué consiste?

“Se trata de una asociación en la que nos hemos reunido juristas de todo tipo, así como médicos forenses, psicólogos, sociólogos y abogados con el objetivo de erradicar la violencia de género. Hemos enlazado nuestra acción con Iberoamérica porque es allí donde se produce la menor protección frente a esta lacra social. Y es que la sociedad civil es muy activa, pero las legislaciones son bastante lentas. Muchos países que he visitado a lo largo del tiempo intentan copiar la legislación española, por lo que de ahí surge la idea de crear este observatorio como un espacio de diálogo y colaboración con el único propósito, insisto, de erradicar la violencia de género”.