El Ayuntamiento de Güímar oficializó ayer la revocación de las competencias y cargos de los concejales, por ahora, socialistas Patricia Encinoso Pestano y José Miguel Hernández Fernández, tras la moción de censura que ambos firmaron contra el actual alcalde, Gustavo Pérez (CC). Así lo recogen dos decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
En uno de los edictos, Encinoso, quien hasta ahora ostentaba las áreas de Fiestas, OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y Transportes, fue cesada de sus funciones y de su régimen de dedicación exclusiva. La revocación anula la resolución de Alcaldía que la nombraba como responsable de dichas áreas.
En el caso de José Miguel Hernández, la medida ha supuesto la pérdida de su cargo como cuarto teniente de Alcalde, así como de sus competencias en Obras y Servicios Municipales, Economía y Hacienda, Gestión Tributaria, Administración General, Régimen Interior y Recursos Humanos. También se le revoca la dedicación exclusiva que mantenía desde su nombramiento.
El decreto establece la redistribución de las competencias que gestionaban Encinoso y Hernández. Las áreas revocadas han sido delegadas provisionalmente en los concejales Airam Puerta Pérez y Cándido Gómez Gómez, a la espera de una reestructuración más amplia en el organigrama municipal.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA
Ambos decretos se unen a la noticia anunciada anteriormente por su formación tras confirmarse que ambos ediles, en ese momento integrados en el grupo de gobierno junto a CC y Unidas Sí Podemos, secundaban la moción de censura.
El secretario insular de Organización del PSOE, Óscar Olave, declaro que ambos ediles pasarían a tener la condición de concejales no adscritos, tal y como establece la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias.
Este cambio de estatus implica restricciones tales como que ya no podrían percibir retribuciones por dedicación exclusiva o parcial ni asumir áreas o cargos de gobierno que conlleven compensación económica.
“El ordenamiento jurídico establece con claridad que ningún concejal no adscrito puede formar parte del gobierno con dedicación retribuida, ni desempeñar cargos directivos”, declaró Olave, a la vez que subrayó que, en este sentido, la legislación está diseñada para evitar episodios de transfuguismo político como el que, a su juicio, se ha producido en Güímar.
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