El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, consideró ayer que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado el cierre del centro de acogida de migrantes ubicado en esta localidad porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere a los menores migrantes que están en Canarias porque son negros.
Torres realizó dichas declaraciones tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los delegados del Gobierno en las distintas comunidades y ciudades autónomas para coordinar la acogida de los menores migrantes, que ese centro está abierto desde 2022 y acoge a niños y madres que han huido de la guerra de Ucrania, pero que ahora ponen “dificultades para que se acojan a menores de raza negra”.
“Esos menores tienen la misma edad, solo se les diferencia que el color de la piel es distinto”, ha insistido Torres al manifestar que “la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, no quiere que haya lógicamente menores que están en Canarias y que vienen de África en Pozuelo de Alarcón”.
Según el ministro, ese el motivo por el que ahora el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón alude a que el inmueble no cuenta con los permisos correspondientes, después de que la alcaldesa del municipio haya indicado que “el inmueble solo cuenta con una licencia vigente desde 2013 para su uso como centro de formación con auditorio y garaje”, algo que no hizo en 2022 con su apertura.
“Discute que la licencia pueda permitir en cuanto a su tipología acoger a menores que llegan a Canarias de África. Pero es que a día de hoy hay menores en ese centro”, explicó Torres tras mostrar su acuerdo con las palabras del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ha calificado la medida de “racismo preventivo”.
“Es una incoherencia”, concluyó Torres al señalar “que no hay razón alguna para esa discriminación entre unos y otros”, que se encuentran “en circunstancias semejantes de vulnerabilidad”.
El ministro ha instado al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), a “salir automáticamente a desacreditar y criticar con contundencia la decisión de Isabel Díaz Ayuso y la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, que son quienes no quieren que los menores salgan de Canarias”. “A ver si conseguimos que se reflexione y se entienda que estamos ante una situación de carácter humanitario, de una emergencia, que las guerras no distinguen entre países en un lado o en otro”, recordó.
Madrid recurre ante el Tribunal Supremo para frenar la acogida
La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado martes 22 de julio que desarrolla el reparto forzoso de menores no acompañados desde Canarias.
En concreto, los servicios jurídicos de la Administración regional han recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, que regula la reubicación de estos menores en situaciones de presión migratoria, al considerar que “vulnera competencias autonómicas”, según fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.
Este texto desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo ya impugnado ante el Tribunal Constitucional por once comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, “por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, por falta de justificación de urgencia”, entre otros argumentos.
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