El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, desveló ayer que el Ministerio de Vivienda ha notificado miles de pisos turísticos ilegales para que retiren sus anuncios online.
Como la vivienda es de hace lustros el principal problema social en Canarias ante la inopia planificadora generalizada en unas autoridades locales que solo ahora empiezan a reaccionar ante la presión social, no sorprende que el Archipiélago sea la segunda comunidad con más pisos en esta situación, con 8.698 casos, lo que equivale al 16,14% del conjunto del país.
En total, en España se han detectado 53.876 alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados.
El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha puesto en valor esta medida por ser “concreta, efectiva y real, frente al vacío que representa el Gobierno de Canarias (CC-PP) en materia de vivienda”.
Tal y como recordó el pasado sábado Torres en el Comité Regional, el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo no ha entregado ni una vivienda de promociones impulsadas durante estos dos años que llevan gobernando. Las que han entregado fueron promovidas por el anterior gobierno presidido por el ahora ministro Torres.
El desbloqueo de todas estas casas destinadas irregularmente a alquiler turístico “permitirá facilitar el acceso de la vivienda a miles de jóvenes o familias que lo necesitan en las islas”, añadió Torres, al mismo tiempo que reconoció que “es una actuación concreta y no propaganda y promesas incumplidas como a las que nos tiene acostumbrados el actual gobierno autonómico”, culminó.
Según los datos del Ministerio, los municipios canarios con mayor número de solicitudes de pisos turísticos rechazadas son Adeje con 765, y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con 637.
A ellos les sigue el Puerto de La Cruz con 531; La Oliva (Fuerteventura), con 484; Yaiza (Lanzarote), con 442, y Santa Cruz de Tenerife, con 259.
Airbnb se compromete
Tras el anuncio gubernamental, Airbnb se ha comprometido a retirar los pisos turísticos que no han obtenido el número de registro obligatorio, aproximadamente uno de cada diez de los publicados en esta plataforma, en una “firme apuesta” por al fin colaborar con el Ministerio de Vivienda y garantizar el “cumplimiento estricto” de la normativa de alquileres de corta duración.
“En colaboración con el Ministerio de Vivienda, se ha identificado que menos del 10 % de los números de registro que fueron revocados corresponden a anuncios que están en Airbnb, y se procederá a darlos de baja de la plataforma”, señala el comunicado emitido por dicha plataforma, sin duda una de las que más ha facilitado este tipo de prácticas ilegales por su falta de control.
La empresa declara haber notificado a todos los anfitriones la obligación de obtener el número de registro nacional y que, desde enero, 70.000 anuncios más cumplen con ese requisito.
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