Los intentos de suicidio de menores en Canarias se han multiplicado por tres en los últimos cinco años, según afirmó ayer la presidenta del Parlamento regional, Astrid Pérez. Esta situación obliga a prestar “con urgencia” atención prioritaria a la salud mental de toda la población, pero, en especial, de los menores, destinando recursos suficientes y poniendo a disposición de profesionales, familias y educadores, la formación que permita prevenir y atender la salud mental.
Estas son algunas de las cuestiones que abordó ayer, Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el videopodcast del Parlamento de Canarias, dedicado a la salud mental infantojuvenil. Astrid Pérez, que moderó el debate, puso sobre la mesa varias cuestiones, como el acoso escolar, las adicciones o las conductas suicidas o autolesivas para reflexionar sobre estas preocupaciones crecientes para las familias, las instituciones y la sociedad en general.
Para ello, se contó con expertos en diversos ámbitos, como Fernando Gómez, director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias; Marcos Val, policía y agente tutor especializado en menores y acoso escolar; Miguel Tomé, vicepresidente de la Federación Salud Mental Canaria; Marian Álvarez, presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria; y Manuel Ajoy, psiquiatra infantojuvenil y coordinador de la unidad de salud mental del Hospital General de Fuerteventura.
Durante una hora, se pusieron sobre la mesa cuestiones de calado, con aportaciones muy valiosas de cada uno de los participantes, que agradecieron que el Parlamento de Canarias abra un espacio como este videopodcast a la sociedad.
Todos estuvieron de acuerdo en que la prevención resulta determinante para evitar un agravamiento de los problemas entre las población más joven. También insistieron en que falta formación a todos los niveles: familias, profesorado, orientadores, médicos y enfermeras de atención primaria, policías o trabajadoras sociales, entre otros, necesitan herramientas continuadas en el tiempo, “no esporádicas” para saber cómo lidiar con la ansiedad, la depresión, las autolesiones, las adicciones incluidas las digitales, las tentativas de suicidio, el acoso escolar o los diagnósticos de TDH o TEA entre los niños y jóvenes.
En esta línea, Marian Álvarez explicó que “las familias tenemos un gravísimo problema a la hora de detectar determinadas cosas en casa porque la distancia con nuestros hijos es muy grande. No tenemos la rapidez necesaria para conocer el funcionamiento de los entornos digitales, y lo peor es que no podemos conciliar. No tenemos tiempo de calidad para estar con nuestros hijos, para acompañarlos en esas incursiones en las redes sociales o en las cosas que pasan en el patio del colegio”.
Marcos Val puso el acento en que “se ha perdido el principio de autoridad de los docentes y, en ocasiones, se intenta corregir en el ámbito educativo, lo que viene del ámbito familiar, pero hay docentes que tienen miedo y hay que ofrecerles protección para que denuncien las cosas que ocurren”.
Una de las cuestiones en las que también se insistió fue en la escasez de profesionales de la salud mental, un problema nacional, no exclusivo de Canarias, donde hay 11 unidades de salud mental infantojuvenil que tienen recursos para contratar personal, “pero hay que buscarlo” porque el déficit es muy importante.
Plan contra la violencia y las adicciones digitales
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer una proposición no de ley por la que se pide al Gobierno de Canarias un plan integral contra las adicciones digitales, el consumo de pornografía en menores y la violencia machista en entornos virtuales en Canarias. Una proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista, que aceptó enmiendas de los grupos Nacionalista (CC) y Popular (PP), y contra la que votó Vox.
De este modo, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno regional a elaborar e implantar, en el plazo de un año, un plan integral coordinado entre las consejerías de Bienestar Social, Educación y Sanidad, con objetivos, recursos y sistema de seguimiento público. El plan contendrá medidas de educación afectivo social y alfabetización digital crítica obligatoria en todas las etapas educativas, con enfoque feminista e inclusivo. También incluirá campañas de sensibilización dirigidas a familias y juventud, entre otras acciones.
El Gobierno deberá presentar al Parlamento regional un informe anual sobre la ejecución del plan, con indicadores y resultados medibles.
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