El Ayuntamiento de Santa Cruz ha pedido, por vez primera en su historia, amparo a la Diputación del Común ante el “desbordamiento” de personas sinhogar que sufre la capital. Una situación generada por el “efecto llamada” desde otros municipios, donde el 55% de atendidos proceden de otras localidades, a lo que se suma los casos detectados de otros ayuntamientos que pagan recursos en la ciudad para enviar a sus sintecho, según sostuvo ayer el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez. La “sobrecarga” de personas en situación de calle que vive el municipio ha llevado al regidor a reclamar más ayuda al Gobierno de Canarias, Cabildo y resto de corporaciones locales, pero sin descartar acudir a los tribunales como última medida.
El “problema” de los sinhogar en la capital se traduce en cifras, pues, según los datos del servicio integral de Atención a Personas Sin Hogar, entre enero y agosto de este año se ha atendido a 732 personas, de las que 403 (sobre el 55%) han llegado de otros municipios, lo que ejemplifica la presión que soporta la capital. El perfil predominante es el de varones (81%), de entre 40 y 65 años, frente al 19% de mujeres. Además, el 61% (450 personas) está empadronado en Santa Cruz, algo obligatorio para recibir ayudas municipales, y el 38% de usuarios son extranjeros, el 17% en situación “irregular”.
La salud mental centra la parte más crítica, ya que el 30% (222 personas) presentan diagnóstico confirmado o indicios claros de patología psíquica y precisan atención especializada. Un hecho que se agrava ante la falta de plazas sociosanitarias, pues la red municipal de alojamiento tiene una ocupación del 98,7%, lo que genera 1.346 solicitudes denegadas en lo que va de año por falta de capacidad. Actualmente, 27 plazas municipales (23,3%) están ocupadas por personas que deberían estar en centros sociosanitarios del sistema autonómico, mientras que 39 personas permanecen en lista de espera para ser derivadas a dichos recursos. En este sentido, el informe municipal constata que “este año no se ha adjudicado ninguna plaza”, lo que genera un “colapso estructural”.
Bermúdez señaló que “esta problemática nos ocupa y preocupa, pero no podemos continuar solos y necesitamos que el resto de administraciones asuman su responsabilidad para ofrecer una respuesta urgente a una realidad que escapa de las competencias municipales. Aunque hemos incrementado el presupuesto de Servicios Sociales hasta los 36 millones de euros, reforzado programas de atención directa, de alojamiento y de acompañamiento social, este esfuerzo no es correspondido por otras instituciones públicas”.
Más recursos
El alcalde recordó que “hemos celebrado reuniones con las administraciones implicadas para pedir que aumenten recursos en el ámbito de la salud mental y la atención sociosanitaria, pero la respuesta ha sido nula. No obstante, en las próximas semanas mantendremos nuevos encuentros, a los que se sumarán representantes del comercio, de la restauración, vecinales y entidades del Tercer Sector, al que hemos solicitado ayuda”.
Asimismo, insistió en que, “a pesar de que el ayuntamiento ha conseguido que 178 personas hayan abandonado la situación de calle en el último año, si todo el mundo hiciera su trabajo se podría reducir aún más la cifra, pues, aunque no se ha producido un aumento significativo del sinhogarismo en la capital, sí se detecta que el perfil se ha agravado con la condición de problemas mentales”.
Por ello, el regidor pidió a la dirección general de Salud Mental del Gobierno de Canarias que “cree más recursos sociosanitarios para atender a sinhogar con patologías mentales en forma de pisos tutelados, mini residencias o unidades de atención en calle, pues no es lógico que una persona con un brote o una crisis aguda sea trasladada al hospital y, horas después, la vuelvan a poner en la calle”. También solicitó al Cabildo plazas sociosanitarias distribuidas por la isla para personas en situación de calle que eviten el efecto llamada. “Hemos solicitado recursos para 27 personas en concreto y han entrado cero”, añadió el regidor.
Igualmente, demandó al resto de municipios que “cumplan con la ley de Servicios Sociales porque no están haciendo su trabajo. Si carecen de recursos para ello, es obligación subsidiaria del Cabildo crearlos”. Además, otra solicitud se encamina a la Fiscalía y la Justicia, en general. “Se han trasladado 21 informes pidiendo la tutela de los casos más graves de salud mental, pues sin el consentimiento del usuario debe ser el juez quien autorice la intervención. De este total, cinco se han archivados, ocho siguen sin respuesta y el resto han sido admitidos. Pido celeridad o una reforma legislativa para evitar, como ya ha pasado, que estas personas mueran en la calle”, dijo.
El alcalde confió en que, a corto plazo, exista una ficha financiera que permita afrontar y reducir el sinhogarismo en la capital y, por ello, la primera medida tomada ha sido pedir amparo a la Diputación del Común ante la falta de respuesta de las administraciones públicas. “El último paso será ir a los tribunales”, apuntó.
Descentralización de las cien plazas del albergue municipal
La concejala de Políticas Sociales, Charín González, recordó que el ayuntamiento invierte al año 4 millones en recursos para el sinhogarismo, como pisos tutelados y de emergencia; casas para jóvenes sin hogar; unidades móviles de acercamiento; o el CMA, pues “estas personas no son solo cifras, sino historias de vida”, dijo. Se prevé, además, descentralizar las cien plazas del albergue en otras 20 distribuidas por la capital para evitar la pernoctación de sintecho en los alrededores.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas