La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra entre hoy y mañana un juicio donde figura como encausado José Miguel González, el empresario tinerfeño que se ha hecho famoso por los numerosos premios concedidos por las administraciones de lotería ubicadas en gasolineras de su propiedad con sede en el Sur de Tenerife, especialmente la denominada como La Chasnera y que tantas alegrías ha repartido entre los apostantes, sobre todo en el sorteo del Gordo de Navidad.
El escrito de acusación elevado por la Fiscalía -adelantado en su día por DIARIO DE AVISOS– considera probado que González es el autor, presuntamente, de dos delitos como son la frustración a la ejecución y el blanqueo de capitales, solicitando por cada uno de ellos una pena de cuatro años de cárcel, si bien es menester detallar que, de forma subsidiaria al delito de blanqueo se propone igualmente una pena por la comisión de otro delito, concretamente el de receptación y que llevaría aparejada la pena de un año y seis meses de prisión, así como una indemnización de 1.7 millones. La defensa niega tales acusaciones y pide la absolución de González.
Este juicio se suspendió el pasado enero porque un personaje clave en este caso llamado Bienvenido, que ya ha sido condenado por estafa agravada por la propia Audiencia tinerfeña en 2019 por hechos directamente relacionados, seguía en paradero desconocido. Ahora sí podrá declarar tras comprobar que se encuentra en prisión en su Sevilla natal. También está encausada una persona jurídica, Inversiones Atogo Canarias, mercantil que según la Fiscalía habría usado González para este asunto.
Los hechos que nos ocupan se remontan a los primeros años de la década pasada, cuando una familia propietaria de una gasolinera en Arafo quiso vender la misma tras verse acuciados por deudas y pactó la misma con Bienvenido, que luego no solo no cumplió con lo pactado (y de ahí la referida condena por estafa agravada ya mencionada) sino que a su vez transmitió a González dichas propiedades.
La Fiscalía sostiene que, presuntamente, Bienvenido y González actuaron coordinadamente para la adquisición por parte de este último de los inmuebles relacionados con la venta de la gasolinera de Arafo pero no de la empresa titular de la misma, eludiendo así responder de sus obligaciones ya contraídas.
La defensa de José Miguel González niega rotundamente que tal pacto existiera.
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