Francisco Javier Amador Morera (Puerto de la Cruz, 1972) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de La Laguna (ULL). Recibió el premio extraordinario de doctorado en Ciencias Sociales. Fue uno de los redactores principales de la Declaración de Canarias sobre Aprendizaje-Servicio en la Educación Superior, que ha servido para impulsar la institucionalización de esta filosofía educativa en las universidades españolas, y particularmente en la ULL, donde diseñó y puso en marcha el Programa de Aprendizaje-Servicio que financia el Cabildo de Tenerife. También ha sido director académico del máster propio en Agroecología de la ULL. Actualmente es profesor contratado doctor de Fundamentos del Análisis Económico en esta universidad.
-Has dicho en un artículo que las universidades tienen que transformarse ellas mismas, antes de intentar transformar el mundo.
“Es que no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Centrar los esfuerzos en tener mayor impacto académico no se traduce necesariamente en un mayor impacto social”.
-¿Es una novedad?
“No, es algo que desde hace décadas se viene señalando desde distintas instancias, como es el caso de la UNESCO. Pero también en el ámbito europeo, donde desde 2020 se ha pedido a las universidades fortalecer su dimensión social y garantizar la participación de los actores sociales en todas sus misiones”.
-¿Está regulado en España?
“La ley actual que regula el Sistema Universitario (LOSU) también apunta a esta transformación, al contemplar seis nuevas funciones para las universidades con el fin de aumentar su impacto social y responder a los retos de la Agenda 2030. Otra cosa es que se pongan o no los medios necesarios para lograrlo”.
-Estás muy implicado en inculcar responsabilidad social a la ULL. ¿Cómo se logra?
“Se trata de un reto enorme y complejo”.
-¿Por qué lo dices?
“Pues porque la mayoría del profesorado universitario desconoce lo que implica, o tiene un concepto equivocado, sobre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Si se conociera mejor, y sobre todo si se asumiera, tendríamos otras universidades y otro planeta”.
-¿Cómo serían entonces las universidades?
“Pues serían espacios de transformación social y desarrollo comunitario, implicadas activamente en la solución de los problemas de su entorno, y tendrían un impacto social mucho mayor. De hecho, su fin último sería justamente tener impacto social y la investigación dejaría de ser un fin en sí mismo para convertirse en un instrumento al servicio de la sociedad”.
-¿Es ese el espíritu de la RSU?
“Entre otras cosas, la RSU requiere establecer alianzas con los actores externos. Por ejemplo, si hablamos de la docencia, una universidad es socialmente responsable si diseña sus planes de estudio conjuntamente con esos actores e incluye asignaturas donde el alumnado no sólo conoce los retos de la Agenda 2030 sino que participa en la solución de algún problema de su entorno, en colaboración con los actores sociales implicados. Esto último no es algo que defendamos unos cuantos docentes; es lo que dice literalmente el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)”.
-¿Es posible aprender prestando al mismo tiempo un servicio a la comunidad?
“No sólo es posible, sino que es urgente e indispensable que se adopte esta filosofía en todos los niveles educativos, desde la infancia hasta la educación superior, si de verdad se quiere formar una ciudadanía democrática, participativa y crítica. ¿Por qué? Pues porque es la acción, y no la palabra, la que transforma, y nos transformamos cuando hacemos. Y lo que han demostrado los estudios es que, si esa acción la vinculamos a una situación de injusticia social, entonces nace el compromiso y la responsabilidad cívica. Cuando nos sentimos parte del problema y nos implicamos en él también queremos ser parte de su solución”.
(Cuando le pregunto al profesor Amador por su papel en la docencia y por las materias que imparte, me dice que en los últimos años ha tratado de impactar en la formación del profesorado de nuevo ingreso en la ULL, impartiendo un curso sobre RSU y Aprendizaje-Servicio (ApS). Y añade: “En el Máster de Formación del profesorado enseño el potencial del ApS y el papel que le otorga la LOMLOE (Ley Orgánica de Educación) en las materias de economía. En el grado de Economía suelo enseñar Microeconomía, Análisis Coste-Beneficio y dirigir trabajos de fin de grado, donde los temas son identificados y desarrollados junto con actores sociales. También he asumido la dirección académica del máster propio en Agroecología que la ULL organiza en colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenible (FIAES), con quienes estamos en este momento rediseñando el plan de estudios”).
-¿Existe una economía social?
“Harari ha descrito muy bien que lo que nos ha hecho fuertes como especie y nos ha permitido dominar el planeta ha sido la cooperación, no la competencia”.
-Es una buena definición.
“La historia ha mostrado que las sociedades más cooperativas son las que más han prosperado. La premio Nobel Elinor Ostrom demostró que la gestión exitosa de recursos comunes depende de la cooperación, no de la competencia destructiva. La economía social está muy vinculada a la idea de cooperar. No sólo existe esa economía social, sino que es muy importante. En España representa un 10% del PIB y genera empleo para más de dos millones de personas. Sin embargo, en las facultades de Economía el protagonismo lo tiene la competencia. La economía social no se enseña en los grados de las universidades españolas, salvo en muy contadas excepciones”.
-¿Qué es lo que te ha encargado expresamente el rector, que además es tu amigo?
“Entre 2015 y 2019, cuando Fran García era vicerrector de Relaciones con la Sociedad, me propuso asumir el secretariado de RSU. Gracias a él tuve la oportunidad de conocer esa filosofía de gestión universitaria y de poder impulsarla. En aquella etapa descubrí también el ApS y me transformó. Mi visión de la universidad y de su impacto social cambió drásticamente, hasta el punto de que replanteé mi carrera académica y adopté un papel mucho más activo y crítico, implicándome en la institucionalización del ApS, tanto en la ULL como en varios foros donde participan las agencias que evalúan la calidad universitaria”.
-¿Puedo calificar de novedoso eso de inculcar a los alumnos el servicio a la sociedad desde que son estudiantes?
“Pues no, no es novedoso. El ApS es una metodología ampliamente consolidada. Su uso está muy extendido en países como Estados Unidos y Argentina, que son los referentes internacionales en todos los niveles educativos. También en los sistemas educativos de Canadá e Irlanda y en las universidades de Chile y Australia”.
-¿Y en España?
“A España llegó a principios de siglo y ha tenido un crecimiento más notable en la última década, especialmente en el ámbito de la enseñanza no universitaria. Hospitalet de Llobregat y Coslada son dos municipios referentes en los que sus ayuntamientos se han implicado directamente en conectar los centros educativos con las entidades sociales. Aunque está creciendo muy rápidamente, a nivel universitario aún es una metodología escasamente extendida. En Tenerife y en la ULL contamos cada curso con más proyectos de ApS y tenemos un repositorio con videos para darlos a conocer”.
-¿Se han quedado anticuados los planes de estudio en la universidad española?
“Hay mucha disparidad entre universidades. Cada una de ellas es un mundo y cuenta con recursos y restricciones muy diferentes, lo que explica también que algunas sean más ágiles que otras y que ofrezcan contenidos más actualizados. En las universidades públicas los procedimientos para cambiar los planes de estudio son complejos y lentos y además el sistema de incentivos no premia esos cambios, así que podemos ver planes que no han sufrido cambios significativos en décadas”.
-Pero llegan nuevos tiempos.
“Sí. Y si tenemos en cuenta la magnitud y la velocidad de los cambios que estamos viviendo, la llegada de la IA y el nuevo escenario que dibuja la ley del sistema universitario, donde las universidades deben tener un mayor impacto social, podemos darnos cuenta del enorme reto al que nos enfrentamos en los próximos años. Porque ya no se trata sólo de actualizar los contenidos de esos planes y las metodologías docentes sino de repensar el fin último de la educación superior, si se quiere convertir a las universidades en un motor de transformación social”.
-¿Estará España a la altura, en materia de enseñanza, de aquí a 2030?
“Para que podamos ver cambios importantes se necesita, primero, modificar los indicadores de excelencia académica, la política de incentivos y los sistemas de evaluación del profesorado y de las titulaciones, de manera que están alineados con los objetivos que se persiguen”.
-¿Y cómo se logra?
“Esto implica reconocer, valorar y recompensar las actividades universitarias con impacto social al mismo nivel que las publicaciones en revistas científicas. El otro cambio es más complejo: integrar la responsabilidad social en la cultura universitaria y enseñar más con el ejemplo. Mostrar una coherencia institucional entre el decir y el hacer en todos los procesos, desde el menú que se ofrece en los comedores o la gestión de los residuos hasta el contenido de los planes de estudio, la manera en que se investiga y los propios temas de investigación. Se sabe lo que se necesita para llevar a cabo el cambio, pero falta saber si se quiere ir por ese camino con la misma intensidad con la que se ha perseguido impulsar la investigación”.
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