El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife dictó ayer un auto que ordena la ejecución forzosa de la sentencia firme que anuló los sueldos cobrados sin respaldo legal por el exalcalde de Güímar Airam Puerta (PSOE), el también exregidor Gustavo Pérez (CC) y los exconcejales Cándido Gómez y Juan Delgado.
La resolución exige que los implicados devuelvan las retribuciones percibidas entre los meses de junio de 2021 y mayo de 2023, y también los intereses correspondientes al periodo de 2024 a 2025.
El auto da respuesta a la demanda de ejecución forzosa presentada por el procurador de la actual alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), quien en su etapa en la oposición denunció los decretos que fijaron estas retribuciones sin aprobación plenaria. El juzgado anula los decretos de julio y agosto de 2021, y ahora vuelve a fallar a su favor al declarar que el Ayuntamiento no ha cumplido con la sentencia.
Según el tribunal, los decretos que fijaron las retribuciones son nulos de pleno derecho por falta de título competencial.
El Ayuntamiento de Güímar, en lugar de iniciar el procedimiento de reintegro, sostuvo que ya había cumplido con lo que dictaba la sentencia. El juzgado rechaza esta postura: no solo no se ha devuelto el dinero, sino que no se ha adoptado ninguna resolución para ello. El auto desmonta una por una las justificaciones ofrecidas por la Administración local.
“DAÑO AL INTERéS GENERAL”
En primer lugar, no cabe alegar enriquecimiento injusto dado que las retribuciones fueron asignadas “sin vinculación a funciones concretas ni justificación documental”.
También, la Justicia certifica que existe “un daño al interés general”, al haberse transferido sueldos con dinero público sin base legal para ello.
“Se ha abonado un pago sin título jurídico que lo ampare”, recoge el auto dictado, que también señala que todos los actos derivados de los decretos anulados “deben considerarse igualmente nulos”.
Además, el auto impone al Ayuntamiento las costas del procedimiento. La parte demandante, la alcaldesa, oficializó su apartamiento del caso por imperativo legal mediante un decreto de Alcaldía, delegando las actuaciones en otro concejal.
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