Como consecuencia de la visita la semana pasada del agitador Vito Quiles a la Universidad de La Laguna, el Consejo Social del centro académico, reunido hoy 19 de noviembre, manifestó su rechazo al uso no autorizado de las instalaciones universitarias, exponiendo ideas contrarias a los valores universitarios, y adhiriéndose al planteamiento del Rectorado en la exigencia de información a la Delegación del Gobierno sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
En opinión de este órgano, los manifestantes que protestaban por la presencia del ultraderechista se vieron arrinconados y sometidos a la presión policial, mientras que Quiles se movía con mayor libertad. El Claustro de la institución académica –adelantó el rector-, que se reunirá el próximo lunes, debatirá este mismo asunto.
En otro orden de cosas, el órgano colegiado aprobó en su sesión online el inicio del procedimiento de contratación plurianual de un lote de pólizas de seguros y otro de instalaciones de media y baja tensión, dentro de la actividad habitual del centro académico, señaló la gerenta, Lidia Pereira. También dentro de su competencia, presentó varios complementos retributivos del profesorado, que fueron igualmente ratificados.
El órgano de gobierno acordó unas modificaciones presupuestarias, en la idea de prolongar hasta 2026 la extensión del crédito destinado a acciones de Alumni, y que este año no han podido efectuarse. Lo mismo sucede con otras iniciativas del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, así como de Investigación y Transferencia.
Por otro lado, se dio su visto bueno a la delegación de competencias en la comisión permanente de este órgano. De hecho, se recordó que según establece el Reglamento de funcionamiento del Consejo Social, el pleno se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre. Igualmente se indica que la comisión permanente es el órgano colegiado al que le corresponden funciones ejecutivas y de seguimiento de los acuerdos del Pleno.
Ante la necesidad de evitar la dilación de expedientes cuya tramitación exige una respuesta ágil, especialmente en aquellos casos en que la planificación plurianual resulta imprescindible y, teniendo en cuenta que la obligatoriedad de someter a aprobación del Consejo Social determinados expedientes de gasto plurianual podría generar demoras no deseadas en la ejecución de compromisos financieros, se consideró conveniente delegar la competencias en la comisión permanente del Consejo Social, permitiendo con ello una gestión más flexible y operativa. Con esta medida -se aclaró en la sesión-, no se altera el control institucional ni la rendición de cuentas de la propia universidad. Esta circunstancia se deriva de la última reforma de la ley de consejos sociales de Canarias, que atribuye al Consejo Social la aprobación de todos los gastos que tengan carácter plurianual y que hasta ahora estaba residenciada en el Consejo e Gobierno.
En la sesión plenaria también se trataron otros asuntos de trámite, como la suplencia de la vicepresidenta en actos representativos de la universidad en otros consejeros del órgano de gobierno, hasta tanto se recupere de su baja médica el actual presidente, así como su sustitución provisional en Consejo de Gobierno en nombre del profesor José Luis Trujillo.
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