La suerte dejará de decidir a qué persona se le adjudica una vivienda pública en Canarias, donde actualmente más de 27.000 personas esperan por una casa. Así lo establece el nuevo decreto que tramita el Gobierno de Canarias, que sustituirá el actual sistema de sorteo, que se aplica cuando el número de demandantes de vivienda supera a la oferta, por una baremación “objetiva”, que tendrá en cuenta circunstancias sociales, económicas y familiares, indicó ayer el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez.
Además, la nueva norma obliga a los solicitantes a haber residido de manera continuada en el Archipiélago durante un periodo mínimo de diez años (en el decreto vigente el periodo establecido es de siete años), o a 15 años si la residencia es discontinua. Asimismo, se exigirá la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción de inmuebles, garantizando así que el parque público atienda prioritariamente a la población con arraigo en el territorio.
Reservas para colectivos prioritarios
Otro de los aspectos que destaca en el nuevo decreto que regulará el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y el régimen de adjudicación de viviendas públicas y protegidas, es la revisión al alza de las reservas para colectivos prioritarios en cada promoción de vivienda pública.
Así, el cupo reservado a jóvenes pasa a ser del 20%, desde el 5% actual; la cuota para las personas mayores de 65 años y para las personas con limitaciones funcionales se elevará del 5% al 10%; y las víctimas de violencia de género podrán acceder a una reserva del 8% frente al 5% de la que se establece en la actual normativa.
El consejero, que insistió en que “estamos ante una auténtica emergencia habitacional” explicó también que se va a impulsar una modernización del modelo constructivo y, ante la necesidad de innovar en este ámbito, se va a apostar “por la vivienda industrializada, prefabricada o modular, que nada tienen que ver con infraviviendas”, dijo, sino con dar una respuesta adecuada al territorio “a la absoluta prioridad de que los residentes en el Archipiélago tengan la oportunidad de acceder a un hogar”.
Obligaciones de los adjudicatarios
El texto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, para asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.
Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.
Por otra parte, se establecerá un registro público único de demandantes para todo el Archipiélago, en el que será obligatorio inscribirse para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.
Tras la toma en consideración de ayer, el Gobierno Autónomo solicitará ahora el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el nuevo decreto, para su posterior aprobación definitiva.
Cuatro años sin terminar una sola vivienda protegida en las Islas
El próximo mes de enero se cumplirán cuatro años desde que se terminaron las últimas 208 viviendas protegidas que se construyeron en Canarias. En ese año, 2022, se terminaron en las Islas un total de 2.574 viviendas, lo que supone que las 208 de protección oficial sumaron tan solo el 8% del total, según consta en el registro mensual que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac), que informa de las viviendas libres y protegidas, iniciadas y terminadas en Canarias.
Para volver a encontrar una vivienda pública finalizada en el Archipiélago, hay que remontarse a septiembre de 2019, cuando se entregaron otras 59 viviendas, y antes de eso, hay que llegar hasta agosto del año 2017 para volver a hallar otras 56 viviendas protegidas finalizadas en Canarias.
En cuanto a las obras iniciadas, Canarias llevaba con el contador a cero desde 2021, pero este año 2025 la situación ha dado un giro y, desde enero hasta junio, se han echado a andar un total de 379 inmuebles. Las previsiones del Gobierno regional pasan por poner en el mercado vivienda protegida a un ritmo mucho mayor que hasta ahora.
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