El conocido como donante 7069 se ha convertido en el centro de uno de los mayores escándalos ligados a la reproducción asistida en Europa. El caso salió a la luz después de que el Banco Europeo de Esperma, con sede en Dinamarca, confirmara que un hombre danés que donó muestras en 2005, durante su etapa universitaria, portaba una mutación relacionada con un trastorno hereditario de alto riesgo oncológico. La alteración afecta al gen TP53, implicado en el síndrome de Li-Fraumeni, una condición que incrementa de manera notable la probabilidad de desarrollar cáncer en edades tempranas.
El banco de esperma reconoció que las muestras del donante se emplearon en un número muy superior al aconsejado y, en varios casos, por encima de los límites legales fijados por algunos países. En Bélgica, la normativa restringe el uso a un máximo de seis familias, pero en este caso se han identificado 38 mujeres que dieron a luz a 53 menores mediante las muestras del mismo donante, cifras que exceden ampliamente el umbral permitido.
La mutación no fue descubierta hasta 2023, momento en el que se suspendió el uso del material genético. A pesar de ello, diversas familias señalan que aún no han recibido toda la información necesaria, a pesar de que las pruebas genéticas podrían ser determinantes para el seguimiento médico de los menores.
Menores afectados y reclamaciones de distintas familias
Entre los niños nacidos gracias a estas donaciones ya se han detectado distintos diagnósticos oncológicos, y algunas defunciones han sido confirmadas. Padres y madres reclaman que hubo falta de controles previos, procedimientos insuficientes y un marco regulatorio internacional incapaz de impedir que una mutación de estas características se distribuyera sin supervisión adecuada.
Estas familias han criticado la ausencia de transparencia y la inexistencia de mecanismos que les permitieran conocer con antelación el riesgo hereditario asociado al donante.
Debate sobre supervisión y límites en la reproducción asistida
El caso ha reactivado la discusión sobre la necesidad de reforzar los controles genéticos, establecer límites estrictos al número de usos por donante y crear registros internacionales que permitan rastrear con rapidez situaciones similares. Mientras se revisan los protocolos, numerosos progenitores permanecen a la espera de los resultados médicos que determinarán la situación de sus hijos.
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