El Ayuntamiento de Arona acumula más de 290 expedientes administrativos de restablecimiento de la legalidad urbanística en los asentamientos ilegales de Lomo Negro (190) y Los Vivitos (107).
La situación urbanística de ambos núcleos aroneros, con distintos grados de consolidación edificatoria, avanza a ritmos diferentes y obliga a respuestas administrativas también diferenciadas.
La expansión de este tipo de fenómenos de expansión fuera de la ordenación municipal tiene su ejemplo más visible en Lomo Negro, asentamiento levantado sobre suelo rústico junto a El Fraile, con más de 1.500 habitantes y un origen que se remonta a más de tres décadas.
Su evolución ha estado marcada por un prolongado y complejo recorrido administrativo.
En octubre de 2024, una veintena de viviendas ilegales recibió órdenes de reposición para devolver las parcelas a su estado original en un plazo máximo de dos meses. Los recursos contencioso-administrativos interpuestos por varios afectados no prosperaron.
derribos suspendidos
Sin embargo, en abril de 2025, los primeros derribos previstos fueron suspendidos por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ante la “imposibilidad de garantizar la seguridad del operativo” tras la convocatoria de movilizaciones vecinales. El procedimiento quedó en manos del juzgado, que aún debe determinar cómo ejecutar las órdenes de restitución.
Con ese precedente reciente, el Ayuntamiento local ha ampliado su capacidad de intervención en Los Vivitos, enclave situado por encima de Guaza y junto a la TF-1, cuyo crecimiento se ha acelerado en los últimos meses y donde residen alrededor de 200 personas.
En este núcleo constan 107 expedientes abiertos, con el 96 % ya notificado, un trámite que permite avanzar en la instrucción y, en su caso, en las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística.
La estrategia municipal pasa por incoar expedientes en una fase inicial, antes de que las ocupaciones deriven en un asentamiento masivo consolidado o en parcelaciones que compliquen la reposición de la legalidad.
En paralelo, el Consistorio ha requerido formalmente a los propietarios de una de las parcelas afectadas —dos titulares con el 50 % cada uno— el cumplimiento del deber legal de conservación y mantenimiento.
Entre las medidas exigidas figuran el vallado perimetral y el control efectivo de los distintos accesos a las parcelas, en su condición de responsables del estado y uso del suelo.
La directora ejecutiva de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, señaló que el caso debe abordarse desde una perspectiva “social y municipal”. En ese marco se han celebrado reuniones técnicas con juristas y personal especializado para delimitar el reparto competencial.
Tras el análisis y atendiendo a la tipología de las infraestructuras detectadas en Los Vivitos —en su mayoría chabolas o edificaciones no consolidadas— se ha determinado que los expedientes deben sustanciarse “dentro de la disciplina urbanística municipal”.
Chabolismo y sinhogarismo
El fenómeno del chabolismo y, en términos más amplios, de los asentamientos informales ha reabierto el debate sobre cómo deben gestionarse estas situaciones en un contexto marcado por la crisis de vivienda y la presión turística en el Archipiélago.
Ante este escenario, algunos municipios del Archipiélago han afrontado problemáticas similares combinando la disciplina urbanística con medidas de carácter social.
Es el caso de San Bartolomé de Tirajana, municipio de Gran Canaria que ha impulsado actuaciones orientadas a abordar el sinhogarismo y ofrecer alternativas habitacionales.
La Concejalía de Servicios Sociales del consitorio local elaboró en 2025 un informe social sobre las personas sin hogar en San Bartolomé de Tirajana (así mismo lo denominaron), definido por el propio Ayuntamiento como un proyecto destinado a “radiografiar la situación real de quienes viven sin techo en el municipio y contar con un diagnóstico riguroso que sirva de base para el diseño de políticas públicas eficaces y adaptadas a esta realidad”.
Del estudio se desprende que el 86,5% de las personas en situación de sinhogarismo procede de fuera del municipio, un dato que, según el gobierno local, “refuerza la tesis de que este fenómeno no tiene un origen estrictamente local, sino que responde a dinámicas más amplias vinculadas al territorio y a la movilidad interna dentro del Archipiélago”.
Una hipótesis ampliamente extendida, aunque no respaldada por estudios sociales específico, en otros municipios de distintas islas, y con indicadores similares.
Con más de 290 expedientes abiertos y órdenes de demolición pendientes de ejecución judicial en Lomo Negro, Arona trata ahora de contener la expansión de los asentamientos en una fase temprana.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas