Intersindical Canaria denunció ayer que la sanidad pública de las Islas se encuentra en una situación “crítica, estructural y cronificada” en la que la espera de los pacientes “se incrementa un 50% más que el discurso oficialista del Gobierno de Canarias”.
En una rueda de prensa ofrecida ayer, la portavoz del colectivo sanitario en el sindicato, Cathy Darias, incidió en que se encuentran “en condiciones de afirmar” que las listas de espera quirúrgicas, de especialidades y de pruebas diagnósticas, que acumulan más de 200.000 pacientes, se labran con “estratagemas de gestión” y sin tener en cuenta en ningún momento el almacenaje de peticiones a las que no se da curso.
Darias exigió “datos reales y fin de la opacidad y la propaganda electoral con el derecho a la salud de los ciudadanos”, además de reclamar mejoras en los recursos materiales para actualizar “equipamientos e infraestructuras obsoletas” que someten a los trabajadores sanitarios y pacientes a una “situación de riesgo”.
Calificó de “insalubre, tramposa y maquillada” la gestión del Servicio Canario de la Salud (SCS), que, a su juicio, “pone en riesgo la vida de los ciudadanos”.
Todo parte, según el sindicato, de un proceso estructural que afecta a las siete islas y a las once gerencias de salud, por lo que se extiende “por todos los niveles asistenciales, incluidos los que no son niveles asistenciales propios del servicio”. “Hay un plan de salud mental en el papel que no se cumple, hay un plan de adicciones en el papel que no se cumple, hay un plan de atención a la dependencia en el papel que no se cumple… Multitud de planes, protocolos e incluso leyes de presupuesto que no salen a la luz”, afirmó.
Para Cathy Darias, una de las principales explicaciones es la “tendencia progresiva de desprofesionalización” de los cargos de gestión de la sanidad pública canaria. En esa línea, puso en duda las capacidades de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y del gerente del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, ambos “sin experiencia sanitaria” ni relación con el sector, aseguró Intersindical.
Más allá de los altos cargos, advirtió de que en los últimos dos años existe una abundancia de ceses “muy mal motivados y posteriores nombramientos a dedo” en cargos intermedios de gestión, que además “no han pasado siquiera el preceptivo concurso público” que garantice el acceso por medio del “principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que exige la normativa”.
Para este sindicato, el “único mérito” que prima en los nombramientos “es el de pertenecer a un partido político de los dos que están en este momento gobernando Canarias”, Coalición Canaria y Partido Popular. Estas políticas, aseguró la representante sindical, son “deliberadas y permanentes” y se extienden durante más de tres décadas en el Gobierno autónomo de Canarias para “mirar con un exceso de cariño hacia el negocio de la sanidad privada”.
“Estamos ante un problema estructural resultado de más de treinta años de abandono por parte de las instituciones a través de decisiones políticas conscientes que derivan hemorragias de dinero público a la sanidad privada, mientras debilitan deliberadamente la pública”, subrayó para concluir Cathy Darias.
“Más de 36.000 profesionales agotados que dan el 150 por ciento”
Desde la Federación de Salud de Intersindical Canaria avisaron de que esta situación “aburre a los buenos profesionales” y los aboca a “buscar una alternativa mejor” para su carrera profesional, lo que conlleva “un deterioro” a una sanidad pública que “sale adelante por la inercia que inyectan sus trabajadores”.
“Asistimos a un conjunto de 36.000 profesionales agotados que dan el 150% de lo que deberían dar, a los que se le deben horas y que trabajan por encima de la jornada laboral en un sistema que atiende a una población excesiva que también es la población más enferma del Estado y con menor esperanza de vida, según datos del INE”.
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