La democracia va más allá de un simple voto. El control y la transparencia de quienes ejercen cargos públicos contribuyen a garantizar la calidad y el buen funcionamiento de nuestros sistemas políticos. En este sentido, la Audiencia de Cuentas de Canarias desempeña un papel fundamental en el Archipiélago supervisando la gestión económica y financiera de las administraciones. Su presidente, Pedro Pacheco, designado en 2018 y renovado en el cargo en 2024, atiende esta entrevista con la diplomacia y la mesura que le caracterizan, pero sin dejar de alertar sobre determinadas derivas por parte de los dirigentes que pueden resultar peligrosas para el adecuado manejo de las cuentas públicas y la transparencia en la ejecución de sus mandatos.
-En diciembre, la Audiencia presentó un informe en el que señalaba que solo el 7% de las administraciones cumplía con la programación y planificación legal de la contratación pública. ¿Cuáles son los riesgos de esta situación?
“La planificación tiene, desde mi punto de vista, varios componentes. Cuando uno planifica, ejecuta mejor; permite un mejor control y, a la vez, abre la posibilidad de que el operador económico tenga mayor transparencia, un mejor conocimiento y pueda estar preparado para acudir a determinadas licitaciones. Sin planificación, muchas pequeñas y medianas empresas se quedan fuera de juego. También en octubre se aprobó un informe sobre las inversiones del capítulo 6, donde se vio que la planificación era poco consistente, por llamarla de alguna manera, y había actuaciones que se incluían en los presupuestos que después no se podían ejecutar: no se contaba con los terrenos, no se contaba con la evaluación ambiental… ”
-También, alertaron de que el uso de contratos menores se ha convertido en una práctica que va más allá de la excepción legal. ¿Está sirviendo esta figura, en la práctica, para repartir contratos sin control?
“España, tradicionalmente se ha apoyado mucho en el contrato menor. En algunos casos, porque hay gastos en las administraciones públicas que realmente son pequeños y que hay que solucionarlos puntualmente por la rapidez que se exige. Hay administraciones que no tienen capacidad de planificación para saber, por ejemplo, si les va a faltar un lápiz en el mes de febrero, por ponerte un caso extremo. Imagínate en sanidad o en obras públicas, un sistema mucho más complicado. El problema aparece cuando un servicio se contrata igual seis veces al año durante una década. La administración recurre a esta herramienta por facilidad; ante un contrato de 50.000 euros, la tentación es hacerlo en trozos. Son cosas que se detectan con relativa frecuencia. Pero es un campo en el que se da la casuística de obviar trámites mayores, obviar transparencia y publicidad, lo que limita el acceso de operadores económicos.”
-Menciona la cuestión de la transparencia. ¿Este abuso en el empleo de los contratos menores representa un riesgo en este sentido?
“El problema es que da pie a buscar otro tipo de alternativas que, insisto, no quiere decir en absoluto que haya corrupción directa, pero que indudablemente permiten, obviando los controles, que se den ese tipo de supuestos. Cuando hay un contrato repetido permanentemente y, además, muchas veces al mismo adjudicatario, se está obviando algo que la ley de contratos prevé: sacarlo y ofertarlo al público”.
-Hay municipios en Canarias que se retrasan, incluso años, en la presentación de sus cuentas. Ante esto, usted propone congelar las subvenciones a los ayuntamientos que no cumplan los plazos.
“La rendición de cuentas es, a efectos prácticos, un marco de transparencia. Garantiza, por una parte, la rendición al órgano de control y, a la vez, la rendición al ciudadano. Si no hay cuentas, la población no sabe qué está haciendo el ayuntamiento: no sabe si está en déficit, ni si se cobran todos los impuestos, ni si se conceden subvenciones. La falta de información reduce la participación pública y limita la transparencia y el control de la actividad. Incluso la calidad del voto se ve comprometida, porque no se tienen los datos necesarios. En este sentido, el Parlamento suele mostrarse un poco paternalista cada vez que se plantean cuestiones de falta de medios en la administración local. Esto es verdad hasta cierto punto. En la administración local hay obligatoriedad de contar con cuerpos nacionales, como secretarios e interventores, y es verdad que las oposiciones no se convocan con regularidad; se convocan menos plazas. Pero creo que, de alguna manera, se excusan en ese paternalismo, en el tamaño de los municipios y en la falta de medios para justificar la demora en la rendición. En los informes que hemos llevado al Parlamento hemos propuesto medidas concretas. No solo la retención del 2% de los pagos, sino una medida más contundente: no pagar la subvención hasta que el Ayuntamiento rinda cuentas. Esto no perjudica al ciudadano: el ayuntamiento puede generar el derecho a la subvención, por ejemplo de Transición Ecológica, Obras Públicas o Presidencia, pero no se efectúa el pago hasta que cumpla con la rendición. Esta medida se ha demostrado eficaz: tres órganos de control que la aplican son los que presentan el mejor nivel de rendición de cuentas.”
-Trasladó esta sugerencia el pasado octubre. ¿Qué respuesta ha tenido?
“Hombre, eso es un cambio legislativo que hay que hacer, pero, en general, la respuesta ha sido muy paternalista. La política está muy entrelazada y muchos dependen de los votos locales, incluso de alcaldes y concejales… Es verdad que los medios de la administración local son limitados. El problema es que, al tratar de atender todo lo relacionado con el ciudadano, se concentran en los asuntos más urgentes y dejan otros sin atender. Pero son cosas que, desde el punto de vista democrático, no deberían dejarse de lado”.
-Han avisado de que un gran número de las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas no se aplican. ¿Qué medidas están considerando para asegurar que las administraciones cumplan con estos consejos?
“Estamos planteando hacer una publicación específica de recomendaciones, donde la administración que las recibe esté obligada a cumplirlas o explicar por qué no lo hace. La idea es generar un coste reputacional: cuando no se cumple o cuando se sostiene algo que la sociedad comprende como correcto, existe presión pública para aplicar las recomendaciones.”
-Si tuviéramos que evaluar a las administraciones de las Islas ¿qué nota les pondría?
“Hoy en día, gracias a las facilidades informáticas y a la mayor formación del personal, el grado de cumplimientode la legalidad -sin perjuicio de algunos incumplimientos puntuales- y en materia contable, se ha mejorado notablemente, y los índices de rendición son relativamente razonables. El problema principal ahora es de gestión: los instrumentos de eficacia y eficiencia. Todavía hay defectos, como retrasos en la presentación de cuentas, que a veces se entregan meses después de la fecha límite. Un caso específico son las mancomunidades, donde la rendición es más complicada porque varios ayuntamientos comparten recursos y, si uno no colabora, bloquea la gestión”.
-¿Los responsables políticos en Canarias están suficientemente preparados para gestionar los recursos públicos?
“Creo que existe cierta falta de regulación sobre los requisitos que deberían exigirse a quienes acceden a puestos políticos. Hay determinados cargos que requieren conocimientos específicos y habilidades técnicas; no basta con ocupar el puesto por elección o designación. Por ejemplo, en la aprobación de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, los parlamentarios reciben cientos de páginas y, en muchos casos, no saben por dónde empezar. Además, hay algo que no ha mejorado, y resulta un poco sorprendente, es que algunos currículums de altos cargos no se comprueben adecuadamente”.
-Ha insistido en la importancia de reforzar el control sobre las reuniones de los responsables públicos. ¿Cree que en nuestro Archipiélago todavía se toman demasiadas decisiones relevantes en entornos poco transparentes?
“Lo que creo que hay que hacer es que las resoluciones y acuerdos se acompañen de los datos suficientes para entender por qué se adoptó una decisión, que se basó en los fundamentos correctos, aunque el debate previo sea secreto. Por ejemplo, en el consejo de gobierno, los debates son obligatoriamente confidenciales, porque en ellos se reflejan posiciones políticas y técnicas. A veces se toman decisiones que bordean la legalidad, pero partiendo de buena voluntad y sin intención de corrupción; son decisiones duras, incluso brutas, que deben tomarse en contextos complejos. Un ejemplo es la gestión durante la crisis del Covid: muchos expedientes tenían documentación mínima, únicamente lo esencial, por la urgencia de la situación. Lo que favorece el seguimiento del procedimiento es garantizar la transparencia y corrección en la adopción del acuerdo, tanto ante el ciudadano como en la discusión posterior”.
-Tal vez con respecto a esto, tenemos una cultura política menos abierta que otros países en cuanto a que los intereses particulares (‘lobbies’) participen en la decisión política…
“Desde hace años se ha intentado regular esta actividad, por ejemplo con una ley que obligue a los políticos a registrar su agenda, donde se indiquen reuniones profesionales y actividades públicas. En Europa, el lobby está mucho más consolidado: existen empresas y profesionales dedicados específicamente a presentar intereses ante la administración, de manera abierta y regulada. Aquí, aunque existe, no está tan sistematizado ni transparente. Creo que este es un componente democrático que debería incorporarse para dar confianza al ciudadano”.
-Usted conoce bien Bruselas, tras su etapa como viceconsejero de Relaciones con la Unión Europea. Con la propuesta de la Comisión de centralizar la gestión de ayudas en planes nacionales, ¿cree que esto podría poner en riesgo la insularidad y el estatuto de Canarias?
“La historia de las Islas con Bruselas, y también con Madrid siempre ha sido una lucha constante. Nuestro régimen fiscal no es un privilegio inventado: responde a derechos históricos y a situaciones de debilidad o pobreza socioeconómica muy marcadas en Canarias. Esto es una batalla permanente, pero no considero que el tema esté perdido. El diseño inicial de cualquier política europea o estatal es centralista, por lo que hay que levantar la voz y defender los intereses de Canarias”.
-Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la administración autonómica?
“El reto fundamental ahora mismo es sustituir al personal, porque la administración enfrenta un cambio generacional muy intenso en muy poco tiempo. Además, está el desafío tecnológico, tanto a nivel interno como externo: por un lado, la formación del personal en nuevas herramientas y, por otro, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que abre un campo muy amplio de posibilidades”.
-¿Cree que la IA puede ser útil para mejorar la gestión de los representantes políticos?
“Sin duda. Este es un camino que apenas comienza. Por un lado, existen riesgos, y por otro, beneficios. La clave está en compatibilizar ambos aspectos: hay que incorporar instrucciones, limitaciones y criterios que garanticen productos de calidad, tanto en la gestión pública como en el control de la misma. Al principio, estas herramientas pueden generar cierta resistencia; la sociedad tarda en adaptarse a nuevos métodos. Pero con un uso responsable, incluso redes sociales y herramientas digitales pueden apoyar la transparencia y el seguimiento de políticas públicas, siempre con el ciudadano como objetivo final.”
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