La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 abrió una nueva etapa política, cuyo tránsito quedó cortado en seco con el golpe militar del 18 de julio. Esa fecha marcó los siguientes cuarenta años de historia, aunque sus consecuencias vayan mucho más allá. El voto que reflejaba los ideales y deseos de más de setenta mil canarios y canarias fue violentado. También lo sería la vida de tres de los diputados canarios elegidos por la ciudadanía.
Con frecuencia se identifica la Segunda República con un periodo dominado por las izquierdas, la realidad política fue mucho más compleja. Entre noviembre de 1933 y febrero de 1936 gobernaron fuerzas conservadoras encabezadas por el Partido Radical y la CEDA. Aquella etapa estuvo marcada por una creciente conflictividad social, la represión de sindicatos y organizaciones obreras y una creciente polarización política.
Episodios como la huelga de inquilinos, los Sucesos de Hermigua, la huelga agrícola del norte de Tenerife o la lucha del sector tabaquero eran consecuencias de una crisis económica global y el fortalecimiento del movimiento obrero. El bienio conservador republicano recuperó la pena de muerte y dejó a centenares de militantes de organizaciones y sindicatos encarcelados. Las campañas por su liberación se convirtieron en un crisol que ayudó a fraguar la unidad de las fuerzas de la izquierda republicana, socialistas, comunistas y hasta sectores del anarquismo.
La creación del Frente Popular permitió movilizar a miles de votantes, convencidos de que solo así se podría frenar el retroceso de las conquistas sociales y laborales alcanzadas durante los primeros años republicanos.
Una realidad electoral diversa
En la provincia de Las Palmas fueron proclamados diputados frente populistas Bernardino Valle y Gracia, José Antonio Junco Toral, Juan Negrín López, y Eduardo Suárez Morales, y un único radical, Rafael Guerra del Río.
En la provincia tinerfeña resultaron elegidos Luis Rodríguez Figueroa, Emiliano Díaz Castro, Florencio Sosa y Elfidio Alonso. Frente a ellos estaba el poderoso empresario agrícola, José Víctor López de Vergara, que logró la única acta conservadora, que logró ser el más votado.
Los diputados en el centro de la persecución
El golpe militar del 18 de julio de 1936 desencadenó una violencia sistemática contra autoridades republicanas, sindicalistas y dirigentes políticos. Los diputados elegidos apenas cinco meses antes figuraban entre los objetivos prioritarios.
Eduardo Suárez Morales había nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1906. Maestro, periodista y sindicalista, desarrolló una intensa actividad política desde muy joven. Había militado en el PSOE, aunque abandonó la organización cuando esta decidió colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. Más tarde participó activamente en la fundación del Partido Comunista en Canarias.
Los informes elaborados por Falange tras la guerra describían a Eduardo como una persona de “espíritu exaltado”, una expresión utilizada por el régimen para desacreditar a quienes consideraba especialmente comprometidos con la lucha social y política. Precisamente esa implicación le convirtió en una de las figuras más vigiladas por las nuevas autoridades, por su gran capacidad de influir en la clase obrera.
Luis Rodríguez Figueroa, nació en el Puerto de la Cruz en 1875. De raíces republicanas y ligadas a la masonería, se convirtió en uno de los intelectuales más relevantes de Canarias durante el primer tercio del siglo XX. Fue abogado, periodista, escritor y masón, desarrollando una intensa actividad pública vinculada al republicanismo tinerfeño.
Su prestigio profesional quedó reflejado en su participación en la defensa de los procesados por los Sucesos de Hermigua. Además, asesoró jurídicamente a trabajadores agrícolas del valle de La Orotava en sus reivindicaciones laborales, enfrentándose con frecuencia a sectores militares y a las élites económicas insulares. En 1935 se incorporó a Izquierda Republicana, el partido liderado por Manuel Azaña, llegando a presidir la organización en Tenerife.
La tercera víctima fue José Miguel Pérez. Nacido en La Palma en 1896, combinó su labor como maestro con una intensa actividad periodística y política. La emigración le llevó a Cuba, donde participó en proyectos educativos y organizaciones obreras. Allí desempeñó un papel relevante en la articulación del movimiento comunista cubano y llegó a ocupar responsabilidades de dirección.
De regreso a Canarias, se convirtió en una de las principales referencias del comunismo insular. Impulsó el periódico Espartaco y destacó como organizador y orador político. Su influencia resultó decisiva para la expansión del Partido Comunista en el Archipiélago durante los años republicanos.
Un verano de persecución y muerte
La situación de los diputados canarios cambió radicalmente tras el golpe militar. Muchos se encontraban en Madrid o fuera de las islas, circunstancia que les permitió salvar la vida. Otros, sin embargo, quedaron atrapados en el territorio insular.
Luis Rodríguez Figueroa, elegido como representante de Izquierda Republicana en esas elecciones, había embarcado rumbo a Cádiz el 15 de julio. Cuando conoció la noticia de la sublevación decidió interesarse por la situación de sus familiares. Aquella decisión resultó fatal. Fue detenido y posteriormente trasladado a Tenerife.
José Miguel Pérez permanecía en La Palma en esa fecha. La isla resistió durante una semana bajo control republicano antes de caer en manos de los militares sublevados. Tras permanecer oculto durante varias semanas junto a su compañera, fue detenido por la Guardia Civil el 18 de agosto.
Eduardo Suárez Morales tampoco logró escapar. Advertido del peligro que corría, intentó organizar focos de resistencia en Moya y Arucas junto a otros militantes de izquierdas. La superioridad militar de los golpistas hizo imposible cualquier oposición efectiva. Resultó detenido el 24 de julio, siendo trasladado a Las Palmas.
La maquinaria represiva actuó con rapidez. Eduardo Suárez Morales fue sometido a un consejo de guerra sumarísimo y condenado a muerte. El 6 de agosto de 1936 fue fusilado en el cuartel de La Isleta junto al socialista Fernando Egea.
José Miguel Pérez siguió un camino parecido. Tras un procedimiento sumarísimo de apenas dos semanas, fue condenado y ejecutado el 4 de septiembre de 1936 en la batería de Barranco del Hierro, en Santa Cruz de Tenerife.
El caso de Luis Rodríguez Figueroa continúa rodeado de incertidumbre. No había participado de la resistencia al golpe y no podía ser condenado por ello, pero sus enemigos eran poderosos miembros del nuevo régimen. Los registros policiales indican que habría fue puesto en libertad por la autoridad militar el 14 de octubre de 1936. Lo cierto es que nunca regresó con su familia. Desde entonces forma parte de la larga lista de desaparecidos de la dictadura, junto con uno de sus hijos mayores, Guetón Rodríguez Melo.
Una herida abierta
La muerte y desaparición de estos tres diputados simboliza el fin abrupto de la democracia republicana en Canarias. No se trató únicamente de la eliminación física de adversarios políticos, sino también de un ataque directo a la voluntad popular expresada en las urnas pocos meses antes.
Noventa años después, los nombres de Luis Rodríguez Figueroa, José Miguel Pérez y Eduardo Suárez Morales siguen recordando que la democracia también tuvo mártires en Canarias y la huella dolorosa que la represión franquista dejó en el Archipiélago.
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