El Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al igual que a la Consejería de Presidencia y Justicia, por “silencio administrativo”, al no responder ambas administraciones públicas a la reclamación de información formulada por el sindicato Intersindical Canaria (IC) respecto a la concesión de las plazas de aparcamiento, además de la ubicación actualizada y detallada de las mismas, que se encuentran situadas en el exterior del Palacio de Justicia de la capital.
El sindicato solicitó el pasado 9 de abril, tanto al Consistorio local como a la Consejería del área, respuesta oficial respecto a la regulación, gestión y modificaciones relativas a la concesión de las plazas ubicadas en el parking exterior en el edificio judicial, sito en la avenida Tres de Mayo, pues al tratarse de espacios en la vía pública la competencia recae en el Ayuntamiento capitalino.
Intersindical pidió conocer que órgano solicitó la gestión de las plazas de estacionamiento, y si por el Ayuntamiento se informó al responsable de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia sobre la concesión de las mismas o se emitió algún informe al respecto en base a la normativa vigente.
No obstante, según destaca el Comisionado de Transparencia, a fecha actual la Corporación “no ha remitido el expediente de acceso a la información ni se ha presentado alegación alguna respecto a esta reclamación. Tampoco se ha recibido documentación acreditativa de haber dado respuesta al ahora reclamante”, por lo que requiere al Ayuntamiento para que haga entrega, en un plazo de quince días, de la documentación solicitada tras estimar la reclamación presentada por el delegado sindical, José David Ortuño.
El organismo autonómico insta al Consistorio a “cumplir” con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública, resolviendo las peticiones de información que le formulen. En este sentido, recuerda al Ayuntamiento que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia, en caso de reiteración, constituyen infracciones graves/ muy graves.
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