El Gobierno de Canarias reclama al Estado que la transposición de la nueva directiva europea sobre saneamiento y depuración de aguas residuales tenga en cuenta las particularidades del Archipiélago y permita ampliar los plazos de aplicación. El Ejecutivo considera que el territorio insular afronta una especial “complejidad” para cumplir los nuevos requisitos y advierte de que “en diez años no es posible” cumplir con los plazos establecidos.
Así lo explicó ayer el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, en una comisión del Parlamento, donde detalló las alegaciones que el Ejecutivo autonómico ya ha trasladado al Gobierno central durante el proceso de transposición de la Directiva europea 2024/3019. Entre sus principales demandas figura el reconocimiento de un régimen específico para Canarias, derivado de su condición de Región Ultraperiférica (RUP), así como un calendario “realista” y una financiación suficiente.
La nueva normativa europea, que será aprobada en el segundo semestre de 2027 y endurecerá las obligaciones a partir de finales de ese año, rebaja de 2.000 a 1.000 habitantes el umbral de población a partir del cual las aglomeraciones deberán disponer de sistemas adecuados de recogida y tratamiento de aguas residuales. Miranda advirtió de que este cambio hará que la norma afecte “prácticamente a la mayoría de los ayuntamientos”, con una incidencia especial en los municipios de menor tamaño, que cuentan con recursos técnicos y administrativos más limitados. Según los datos expuestos en el Parlamento, 43 de las 166 aglomeraciones analizadas en Canarias no cumplen actualmente los criterios.
A las nuevas exigencias sobre tratamiento se suman requisitos para mejorar el rendimiento económico y energético de los sistemas de saneamiento y depuración. El consejero defendió que Canarias comparte los objetivos de protección ambiental de la directiva, pero reclamó que su aplicación tenga en cuenta las condiciones específicas de las islas. Entre ellas citó la fragmentación territorial, la compleja orografía, la dispersión de la población, la escasez de recursos hídricos, la dependencia energética y la elevada superficie ocupada por espacios protegidos.
Estas circunstancias, señaló, encarecen y dificultan la construcción de grandes redes de colectores, conducciones y estaciones de bombeo, además de generar afecciones sobre barrancos y áreas protegidas. “No pedimos menos protección, ni excepciones generales, pero sí un régimen de aplicación propio, motivado y verificable”, sostuvo Miranda. En concreto, Canarias plantea que la transposición incluya una disposición adicional específica para las regiones ultraperiféricas, en línea con el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la U.E.
Canarias pide además que se admitan soluciones individuales de saneamiento y depuración allí donde la dispersión de la población, la orografía o la existencia de espacios protegidos hagan poco viable la construcción de grandes infraestructuras. “No parece muy lógico” obligar a desarrollar grandes redes en todos los casos en un territorio con las características de Canarias, argumentó el consejero Manuel Miranda.
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