A primera vista, la oficina que La Sociedad Jurídica de Libia ocupa en Bab Ben Ghashir no llama la atención: persiana metálica, ventiladores que pelean con el calor y un generador que ronronea cuando la red se cae. Dentro, sin embargo, late el proyecto de transparencia jurídica más ambicioso que se recuerda en la ribera sur del Mediterráneo. Fundada en 2022 para remediar el caos normativo que dejó la guerra, la Sociedad se propuso digitalizar y colgar en abierto todo el Derecho libio. Tres años después, su web —lawsociety.ly— ofrece más de 20,000 disposiciones promulgadas desde 1951.
«Sin un derecho visible no hay Estado de derecho posible», resume el cofundador y gerente Hadi Naser, mientras señala montones de boletines que esperan turno frente al escáner. La frase resume la filosofía de un equipo que ha cambiado el peregrinaje entre despachos por un buscador que filtra normas por materia, rango o fecha. El impacto se nota: el Ministerio de Justicia consulta a diario las versiones consolidadas antes de redactar enmiendas; Exteriores coteja tratados históricos cuando redacta notas diplomáticas; Educación enlaza la plataforma en sus guías; Finanzas revisa reglamentos bancarios previos a cada reforma; la Autoridad de Aduanas rastrea aranceles vigentes o derogados, y el centro de información y documentación, adscrito a la Oficina del Primer Ministro, sube allí los decretos recién salidos del horno.
Escaneo meticuloso y uso intensivo en casa
Nada de equipos de museo europeo: los tomos llegan en cajas de cartón, se les quitan las grapas y pasan por un escáner semiautomático. Un sistema OCR captura el texto; una decena de pasantes etiqueta cada línea con una taxonomía jurídica propia. El resultado es un repositorio bilingüe (árabe–inglés) donde una sentencia de 1990 se cruza en segundos con la ley que la inspiró o con la reforma que la matizó. Las facultades de Derecho de Trípoli y Bengasi mandan a sus alumnos allí antes de cualquier examen; los jueces de la Sala de Casación confiesan que las búsquedas preparatorias se han reducido “de días a horas”.
«Cada vez que un ciudadano de Sabha descarga la ley de aguas sin moverse de su casa, sabemos que vale la pena», celebra Naser, orgulloso de un sitio que ya registra miles de visitas diarias desde móviles.
Un referente que ya mira Londres —y Bruselas también
La influencia de la Sociedad sale del mapa libio. Los gobiernos del Reino Unido, Canadá, Alemania y Turquía, además de la Comisión Europea, citan la web cuando actualizan avisos de viaje, informes de propiedad intelectual o pliegos de contratación pública. Para la diplomacia británica es fuente básica para los requisitos comerciales en Trípoli; Berlín la enlaza al asesorar a empresas energéticas; Bruselas la menciona en sus fichas de seguimiento legislativo.
En este capítulo internacional asoma acento isleño. El grancanario Julio Alonso Ortega, consejero sénior de la entidad, lleva meses defendiendo su utilidad ante donantes. Y lo hace con una frase que ya rueda por presentaciones y pasillos: «La transparencia jurídica reduce el riesgo país y, cuando el riesgo baja, el capital llama a la puerta». No exagera. Que los ministerios libios citen un portal civil en lugar de archivos polvorientos, muchas veces inaccesibles, ha mejorado la percepción de solvencia regulatoria, según subraya el bufete de abogados Itkan.
Horizonte y baches en el camino
El plan para 2026 pasa por cerrar el corpus republicano y adentrarse en la etapa colonial italiana y la administración británica (1911-1951). Luego llegará la indexación semántica y la meta de que cualquier decreto nuevo aparezca en lawsociety.ly el mismo día que en la imprenta oficial.
Quedan baches: la inflación encarece los materiales de conservación, los escáneres automáticos dependen de un micromecenazgo que avanza a trompicones y los cortes de luz obligan a parar turnos de madrugada. Pero el pulso no se detiene. Cada página subida acerca la ley al ciudadano; cada búsqueda completada refuerza la idea —tan simple como poderosa— de que la norma debe estar al alcance de todos.
Si culmina su hoja de ruta, la La Sociedad Jurídica de Libia no solo habrá tejido el primer atlas jurídico íntegro del país. Habrá demostrado, desde un local modesto de Bab Ben Ghashir y con viento de alisios canarios a favor, que bastan voluntad y método para convertir la maraña legal en patrimonio común y ofrecer al mundo, desde África, una lección de transparencia.